Denunciaron a los vecinos por contaminar el río Limay y terminaron multados ellos

La pelea por seis hectáreas frente al río Limay sumó un capítulo insólito: la familia que denunció a los ocupantes por contaminación terminó pagando la multa, porque la parcela sigue registrada a su nombre. El conflicto entre los habitantes de Orillas del Limay y los Alric lleva años sin sentencia y ya dejó a los dos bandos atrapados.

En el sector viven 200 familias. El terreno, ubicado entre Tronador, Linares y Paimún, al lado del camping UNIPOL, está lleno de construcciones y comercios. Los Alric compraron la tierra en una subasta en 2015 y sostienen que los ocupantes no tienen título de propiedad ni permiso para construir. Los vecinos, en cambio, aseguran que las tierras les fueron cedidas por el dueño anterior y que fueron ampliando sus casas con el crecimiento de sus familias.

"No somos una toma", se defendieron ante LM Neuquén. Muchos viven ahí desde que nacieron, cuando la zona era un área inundable y de vegetación exuberante que nadie miraba. La inauguración del Paseo Costero del Limay les dio visibilidad y, con ella, llegaron los reclamos judiciales de los compradores.

La denuncia que se dio vuelta

Pablo Valenzuela, abogado de los Alric, contó que presentaron denuncias formales y pidieron inspecciones a la Municipalidad de Neuquén. El resultado fue inesperado. Según el letrado, la Municipalidad realizó una inspección el 14 de abril de 2023 y constató construcciones sin permiso ni planos, falta de permiso de demolición, ausencia de medidas de seguridad, ocupación de la vía pública e incumplimiento de una clausura.

"Como consecuencia, el Tribunal Municipal de Faltas dictó sentencia el 5 de febrero de 2025, impuso una multa de $6.440.000 más $322.000 en costas y ordenó mantener la clausura hasta la presentación de los planos y permisos correspondientes", detalló Valenzuela, y aclaró que "la sanción y la multa implicaron al señor Alric".

Para el abogado, el fallo parece propio del "mundo del revés": los denunciantes fueron sancionados porque son los titulares de las tierras.

Sin luz propia y sin papeles

Del otro lado, los vecinos también sufren la falta de sentencia. Se organizaron para pedirle a la cooperativa CALF un plan de regularización del servicio eléctrico, porque los cables clandestinos se incendian y provocan accidentes. Alejandra, una de las referentes del barrio, explicó que CALF tuvo buena predisposición, pero no pueden avanzar porque no son titulares de las parcelas.

Muchos recibieron las tierras por cesiones del dueño original, que usaba el predio como cantera. Otros ocuparon lotes de familiares o compraron una fracción con la ilusión de que la Justicia resolvería pronto la situación.

Una causa que no termina

Pablo Alric sigue presentando denuncias para exigir la restitución del terreno. En marzo de 2021 señaló a uno de los pobladores como presunto responsable de vender fracciones sin ser propietario. En 2023 denunció modificaciones y nuevas construcciones. Y en marzo y abril de 2026 reiteró ante la Justicia la existencia de construcciones y asentamientos sin autorización, denunció nuevas ventas ilegales y puso en conocimiento el funcionamiento de un local bailable llamado "La Colmena", cuya habilitación pidió investigar.

"La documentación demuestra que no se trata de un reclamo reciente ni aislado: durante años se realizaron presentaciones policiales, judiciales y administrativas para impedir nuevas ventas, construcciones y ocupaciones. Sin embargo, mientras el proceso de desalojo continúa en trámite, la situación denunciada se habría agravado", aseguró el abogado.

Sin sentencia, el conflicto paraliza a los compradores, que llevan años sin poder usar el inmueble, y a los habitantes del barrio, que no pueden regularizar su situación ni acceder a servicios esenciales.