Denunciaron a tres psicólogas por informes "falsos", pero la Justicia encontró algo que cambió todo

Las fiscales Guillermina Aiello, Bárbara Glikman y Guillermina Torno archivaron la denuncia penal contra tres profesionales de Aevas por falta de evidencia de dolo. La causa, impulsada por abogados de siete hombres acusados de abuso sexual, buscaba vincular a las psicólogas con una asociación ilícita y la redacción de informes falsos. Desde la asociación hablaron de una "vil maniobra" y apuntaron a una estrategia de intimidación.

La resolución, firmada por las tres fiscales, determinó que no existen elementos serios, precisos ni verosímiles para sostener que las profesionales hayan actuado con intención de manipular los diagnósticos. La denuncia se había conocido en marzo, aunque el escrito se remonta a septiembre de 2025, y fue patrocinada por diez abogados de Rosario en representación de siete hombres imputados por abuso sexual.

Qué decía la denuncia

El escrito apuntaba contra tres psicólogas de la Asociación de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales (Aevas) por la presunta conformación de una asociación ilícita y la emisión de informes falsos. Según la acusación, esos informes habrían obstaculizado el contacto de los progenitores con sus hijos en el marco de causas por abusos sexuales.

Los argumentos de la Fiscalía

Las fiscales señalaron que las profesionales "abordan un campo específico y es frecuente que un grupo reducido de profesionales esté especializado en una materia muy concreta". También remarcaron que "la confección de dichos informes constituye una tarea propia de la labor de las psicólogas, la cual, por lógica, debe ser remunerada".

En cuanto a las supuestas coincidencias entre los informes, la Fiscalía descartó que existieran copias textuales: "Más que una copia textual de frases, se trata de indicadores que pueden ser observados por las personas expertas en la materia". Y agregó que "los niños y niñas pueden no verbalizar los hechos de forma directa e inmediata".

Las fiscales también advirtieron que "equiparar el disenso profesional o el diagnóstico erróneo al dolo penal vulnera el principio de legalidad". En ese sentido, aclararon que cualquier posible "mala praxis" debería resolverse ante el Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos, no en la Justicia penal.

La palabra de las profesionales

Una de las psicólogas denunciadas calificó el año como "muy complejo" y contó que la repercusión mediática derivó en ataques y discursos de odio en redes sociales. Mencionó como caso extremo el de un comunicador llamado Presto quien, según relató, en un streaming y con la denuncia en la mano dijo: "¿Qué hay que hacer con estas tres hijas de puta? Hay que colgarlas en la plaza pública". La profesional aclaró que esa situación está denunciada y que recopilaron más de 60 mensajes con agresiones.

"Sabemos que los discursos de odio pueden generar actos de odio, lo cual hizo que tuviéramos que estar alertas y modificar hasta nuestra cotidianidad en relación con los cuidados", agregó. Y advirtió sobre el efecto en la atención: "Atender cualquier situación que involucre una sospecha de abuso sexual de niños o niñas pasó a ser algo peligroso. Y eso tiene como consecuencia que esos niños y niñas no accedan a un espacio de salud mental; es gravísimo".

Consultada sobre las acusaciones de supuestas coincidencias "llamativas" en los informes, la profesional explicó que fueron convocadas por la Justicia para acompañar a los pacientes y realizar los informes. "Puede estar el mismo nombre del síndrome, lo que no significa que estemos copiando el informe", sostuvo.

Backlash y consecuencias en la disciplina

Para la integrante de Aevas, la denuncia y el relato mediático forman parte del denominado backlash, el término que describe las contramarchas de las conquistas de derechos en el campo de las violencias de género y el abuso sexual. "Primero dijeron que los niños mienten, después que las madres mienten y ahora que las profesionales mienten", señaló, y sostuvo que lo nuevo es "orquestar la maniobra del ataque a profesionales con lo mediático".

La profesional consideró que lo más grave son las consecuencias en la disciplina: aseguró que hoy la mayoría de sus colegas no están tomando casos judicializados. "No se puede trabajar pensando que si hacés un informe vas a tener que afrontar después este tipo de riesgo", advirtió, y destacó el acompañamiento de colectivos de profesionales de todo el país.

El comunicado de Aevas

Desde la asociación celebraron la resolución y afirmaron que el proceso penal fue utilizado como una "estrategia de intimidación y de impunidad". "Luego de un año de investigación, quedó al descubierto una vil maniobra de ataques hacia quienes a diario trabajan en la asistencia a niñas y niños víctimas de abusos sexuales", expresaron.

En el comunicado, la organización enumeró a los diez abogados que, según su versión, se unieron "de manera inédita" en septiembre de 2025 para "pergeñar la maniobra": Juan Lewis, Viviana Cosentino, Ramiro Cóso, Carina Lurati, Froilán Ravena, Renzo Biga, José Nanni, Rafael Tamous, Estela Marelli y Adriana Torchio. El objetivo, sostuvieron, era lograr una mejora procesal de los denunciados, disuadir a profesionales en la asistencia de víctimas y perjudicar a las madres "que son diariamente agredidas por proteger a sus hijas/os".

Por último, reafirmaron su "compromiso en la lucha contra las violencias de género y abusos sexuales" y señalaron que la Fiscalía investiga los dichos del comunicador Presto.