Denunciaron al gasoducto, pero el gobernador les respondió con un dato que no esperaban
La oposición denunció penalmente la millonaria quita en el Gasoducto Lavalle-Catamarca, pero el oficialismo salió a responder con un argumento que reordena el tablero: lo que para los diputados es una entrega de recursos, para la Provincia es un litigio que se cerró cobrando. ¿Quién tiene razón?
El gobernador Raúl Jalil salió al cruce de la denuncia penal que presentaron los diputados de Generar por la obra del Gasoducto Lavalle-Catamarca y apuntó contra el acuerdo conciliatorio con la empresa Mega SRL. Para el mandatario, la estrategia de la oposición tiene un solo objetivo: "su política es denunciar".
Jalil explicó que la obra quedó paralizada cuando el Gobierno nacional interrumpió su financiamiento durante la gestión de Alberto Fernández. "Acá hubo una obra, se paró la financiación de la Nación en la época del presidente Alberto Fernández, se renegoció con la empresa", sostuvo.
El acuerdo con Mega SRL establece que la firma pague un monto determinado, mientras siguen las conversaciones con Ecogas para reactivar los trabajos. El gobernador remarcó la magnitud del proyecto: "es una obra de muchos millones de dólares" y sería la única de las paralizadas que todavía resta refinanciar.
Además, anticipó que en los próximos meses buscará reactivar las plantas de tratamiento de líquidos cloacales de Belén, Tinogasta y Santa María, otras obras que quedaron inconclusas.
El respaldo del oficialismo en la Legislatura
Días antes, en la sesión de la Cámara baja, el diputado Eduardo Andrada (FDT) había defendido lo actuado por la Provincia y rechazado las acusaciones opositoras. "Si un gobierno quisiera ocultar algo, no lo publicaría en el Boletín Oficial", afirmó. Sobre la adjudicación, explicó que se eligió "la oferta más barata de las tres" presentadas.
Andrada justificó el convenio con Mega SRL al sostener que la multa no era dinero disponible sino un litigio abierto: "Esa multa no era dinero en la caja de la Provincia. Era un crédito en discusión judicial". Y agregó: "Cambiamos un papel incierto por plata cierta y un expediente cerrado".
"Que la Justicia pida todos los expedientes, que están completos y disponibles", reclamó el legislador, y cerró: "No vamos a aceptar que se confunda a la gente diciéndole que una decisión de gestión, discutible como toda decisión de gestión, constituye un delito".
Qué dice la denuncia de Generar
La presentación penal fue realizada ante el Ministerio Público Fiscal por los diputados de Generar Tiago Puente, Natalia Herrera, Mamerto Acuña y Laura Quintero. Piden que se investigue la presunta comisión de delitos contra la administración pública en torno a la obra "Construcción Gasoducto Troncal Lavalle-Catamarca".
La denuncia apunta contra Alberto Alcides Kozicki, exministro de Agua, Energía y Medio Ambiente; Máximo Matías Ramírez, exsecretario de Energía de esa cartera; y los directivos de Mega SRL. También solicita que la investigación alcance a cualquier otro funcionario o particular involucrado. Los delitos señalados de forma preliminar incluyen administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado y subsidiariamente peculado por negligencia, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles.
El escrito reconstruye el recorrido de la obra desde la compra anticipada de cañerías en 2021, la adjudicación en 2022 y la rescisión en 2024, con eje en el Acuerdo Conciliatorio firmado el 12 de mayo de 2026. Según los legisladores, Mega SRL registraba una multa de alrededor de $1.963 millones por incumplimientos, pero la Provincia aceptó un pago de apenas $301 millones, poco más del 15%.
La presentación también advierte sobre la liberación de garantías por $922 millones, la renuncia estatal a reclamar perjuicios, la modificación de antecedentes registrales de la empresa y la firma del convenio por parte del Fiscal de Estado en comisión. A eso se suma la compra de 116 kilómetros de caños de acero por $1.827 millones para una obra inconclusa, por lo que se pidió un inventario urgente en los predios de acopio para verificar el material mediante su código estencilado.
"No estamos anticipando culpables ni reemplazando a la Justicia. Estamos pidiendo que se investigue por qué la Provincia resignó más de mil seiscientos millones de pesos de un crédito propio, liberó garantías y borró antecedentes de una empresa que había incumplido. Y que se diga con qué informes se tomó esa decisión", fundamentó Puente.
En diálogo con Tiempo Real de Ancasti Streaming, Acuña remarcó el rol de fiscalización del Poder Legislativo: "Lo único que hemos hecho es cumplir con nuestro deber legislativo. Nosotros somos la oposición y estamos para controlar al Ejecutivo provincial. Y cuando creemos que hay falencias, pedimos pedidos de informe y hacemos este tipo de denuncias".
El legislador detalló que la presentación recae sobre Kozicki, el personal técnico interviniente y la empresa adjudicataria. "Las sospechas son mala administración de los recursos públicos y una multa que se pretende cobrar al Estado por 1900 millones y terminaron cobrando 300 millones, bienes que se han perdido", argumentó.
