Denunciaron penalmente a miembros de la Junta Electoral de la UNT por desobedecer a la Justicia

Los decanos Miguel Ángel Cabrera y Virginia Sara Luz Abdala presentaron una denuncia penal contra integrantes de la Junta Electoral de la Universidad Nacional de Tucumán por presunta desobediencia a una medida cautelar de la Cámara Federal de Apelaciones y abuso de autoridad.

¿Qué ocurrió con la candidatura de Sergio Pagani?

La disputa por el rectorado de la UNT escaló a la justicia penal. Cabrera y Abdala, candidatos opositores, denunciaron a Fernando Valdez, Ángeles Igarzábal y Luis Alberto López Fernández, miembros de la Junta Electoral, por desobedecer la orden judicial que suspendió la candidatura del actual rector Sergio Pagani para un tercer mandato consecutivo.

Según la denuncia presentada ante la Fiscalía Federal, las conductas de los denunciados “encuadran en la conducta, típica, antijurídica y culpable de los delitos de desobediencia a la autoridad judicial (art. 239 CP) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 CP)”.

¿Qué ordenó la Cámara Federal de Apelaciones?

Todo comenzó cuando Cabrera y Abdala promovieron una acción declarativa de certeza para que la Justicia interpretara los artículos 17 y 190 del nuevo Estatuto universitario sobre la habilitación de Pagani para competir nuevamente. Inicialmente, el juez federal Guillermo Díaz Martínez rechazó el planteo, pero luego de que Pagani formalizara su candidatura, la Cámara Federal de Apelaciones revocó esa decisión y ordenó como medida cautelar que la UNT “se abstenga de receptar, tramitar, acreditar, exhibir y oficializar fórmulas para el Rectorado con candidatos a Rector o Vicerrector que hayan cumplido dos mandatos consecutivos en el Rectorado”.

El tribunal, integrado por Fernando Poviña, Ricardo Sanjuán, Marina Cossio y Patricia Moltini (con disidencia de Mario Leal), dispuso además “la suspensión de los trámites de candidaturas a los cargos de Rector y Vicerrector para el período 2026-2030” respecto de quienes se encontraran alcanzados por esa situación.

¿Qué argumentan los denunciantes?

Según Cabrera y Abdala, pese a esa orden judicial, la Junta Electoral habría adoptado resoluciones que alteraron indebidamente el proceso electoral y extendieron la cautelar más allá de lo resuelto por la Cámara. “Extendieron los efectos de la medida cautelar a la totalidad del proceso electoral, alcanzando incluso a nuestra fórmula, que no se encontraba comprendida en ninguna prohibición judicial ni estatutaria”, afirmaron. Y agregaron: “Con esto, están violando no solo el estatuto universitario, sino también la Justicia”.

Uno de los ejes centrales de la denuncia apunta contra la resolución mediante la cual la Junta Electoral aplazó la Asamblea Universitaria prevista para el 20 de mayo y remitió el tema al Consejo Superior para adecuar el cronograma electoral. Para los denunciantes, esa decisión carecía de sustento normativo y excedía las atribuciones del órgano electoral universitario.

“Esta segunda resolución fue dictada sin que existiera norma estatutaria, reglamentaria ni orden judicial alguna que habilitara a la Junta Electoral a aplazar la Asamblea”, afirmaron. En otro tramo sostuvieron que “la Junta Electoral simplemente debía enviar a la Asamblea Universitaria el 20 de mayo nuestra fórmula”.

La denuncia avanza también sobre la interpretación penal de esas conductas. “Con este proceder consistente en torcer e incumplir la medida cautelar -entendemos- que la conducta de los denunciados ha caído presuntamente en la conducta antijurídica, típica y culpable del delito de desobediencia a la autoridad judicial”, afirmaron.

Los decanos también sostuvieron que, al momento de dictarse la resolución cuestionada, la fórmula Cabrera-Abdala era “la única oficializada que reunía los requisitos de elegibilidad”, luego de que la Cámara suspendiera la candidatura de Pagani. En ese contexto, afirmaron que los integrantes de la Junta “omitieron aplicar esas normas y en su lugar aplazaron la Asamblea y enviaron a un Consejo Superior inexistente a reformular el plazo de elecciones”.

Los denunciantes ya habían advertido previamente a los miembros de la Junta sobre las posibles consecuencias penales. “Entendemos que los denunciados conocían la ilegalidad de su actuación, toda vez que se lo habíamos advertido expresamente en las presentaciones del 16 y 17 de mayo”, sostuvieron.

La presentación también solicita que la apertura de la investigación sea comunicada a la Cámara Federal de Apelaciones, “en tanto los denunciados estarían incumpliendo presuntamente una orden judicial de tal tribunal”. Además, pidieron “que se inicie con urgencia la investigación penal preparatoria” y reclamaron el secuestro de resoluciones, registros, actas y toda la documentación vinculada al proceso electoral universitario 2026.

El conflicto ya escaló al plano penal y amenaza con profundizar una de las mayores crisis institucionales que atravesó la casa de altos estudios en los últimos años.