Denunciaron violencia laboral en un tribunal de Santa Rosa: ahora el caso llega a la Corte Suprema
Trabajadores del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa y la UEJN llevaron el caso de violencia laboral hasta la Corte Suprema: piden que se revise el fallo que dejó al juez Díaz Lacava en su cargo, pero lo que cuestionan no es solo la decisión, sino las reglas con las que se tomó. El tribunal que los denunciantes quieren poner bajo la lupa ya tiene fecha de respuesta.
Trabajadores judiciales del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, junto a la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), presentaron un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia para cuestionar el fallo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que rechazó la remoción del juez Pablo Díaz Lacava.
La presentación fue firmada por el secretario General de la UEJN, Julio Piumato, y por 13 empleados del TOF, el mismo ámbito donde, según las denuncias, se produjeron las situaciones de violencia laboral que originaron el pedido de destitución.
Qué piden puntualmente
El recurso solicita que el fallo del Jurado quede "descalificado como acto constitucionalmente válido en los aspectos impugnados" y que se ordene un nuevo examen por parte del órgano constitucionalmente competente.
La estrategia no apunta a que la Corte destituya a Díaz Lacava ni a que reemplace al Jurado en su función constitucional. Lo que buscan es que el máximo tribunal revise los criterios jurídicos y probatorios que llevaron al rechazo de la remoción.
Los cuestionamientos al fallo
El escrito enumera una larga serie de premisas y reglas de inferencia que, a criterio de los denunciantes, determinaron el resultado: contradicción entre hechos acreditados y minimización, dolo específico ajeno al Convenio C190 de la OIT, el carácter "intramuros" de los hechos tomado como atenuante, relaciones externas o cordiales como contraprueba, fragmentación del patrón de conducta, confusión entre secuela permanente, daño y violencia, estereotipos sobre las víctimas, traslado del déficit preventivo, insuficiente consideración de la respuesta penal, omisión del riesgo del reintegro, reducción de la buena conducta e idoneidad, gravamen actual sobre la salud, la dignidad y la carrera de los trabajadores, falta de vía efectiva para terceros, y déficit de prevención, protección, adecuación y no revictimización.
El argumento central
El texto presentado ante la Corte sostiene que "si violencia, acoso y asimetría son jurídicamente relevantes fuera del Poder Judicial, también lo son dentro de un tribunal". Y agrega: "La gravedad institucional reside en evitar que el Poder Judicial reconozca hacia afuera derechos que no garantiza con igual intensidad hacia adentro".
El recurso pide que se tengan "por debidamente introducidas y mantenidas todas las cuestiones federales y convencionales desarrolladas", entre ellas el alcance de la irrecurribilidad del artículo 115 de la Constitución frente a derechos de terceros, la legitimación y tutela efectiva, la interpretación de la "buena conducta" del artículo 110, las condiciones dignas y la estabilidad del artículo 14 bis, la igualdad y perspectiva de género, la aplicación del C190 y la arbitrariedad por contradicción, fragmentación e inferencias carentes de aptitud lógica.
También se pide que se reconozca la relación directa e inmediata entre esas cuestiones, las premisas empleadas por el pronunciamiento recurrido y la solución alcanzada.
