Denunció a cuatro jueces del STJ y apuntó contra el Ejecutivo por la causa que involucra a Gennuso. "Nos preocupa muchísimo la persecución a los dirigentes de la oposición", disparó el legislador, que además advirtió que la Justicia provincial habría actuado donde correspondía el fuero federal.
El legislador Santiago Ibarrolaza, del bloque Cambia Río Negro, denunció ante la Sala Acusadora de la Legislatura a cuatro integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) rionegrino y cuestionó con dureza el desempeño del máximo tribunal provincial. Además, anticipó que seguirá reclamando en la Justicia el reconocimiento formal de su espacio, una situación que, según dijo, les impide participar de la labor parlamentaria previa a las sesiones.
La presentación busca determinar si los magistrados cumplieron con las obligaciones que fija el artículo 150 de la Constitución de Río Negro. El planteo está vinculado, entre otros puntos, con la actuación judicial en la causa Techo Digno, que involucra al exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso.
El caso Gennuso y la sospecha de alineamiento
Para Ibarrolaza, la decisión del STJ de ordenar que se analice una posible calificación legal alternativa de los hechos exige una investigación. En ese expediente, Gennuso había sido absuelto por el delito de peculado y el máximo tribunal dispuso que el Tribunal de Impugnación examinara si los mismos hechos podían encuadrarse como malversación de caudales públicos.
El legislador relacionó esa actuación con el distanciamiento político de Gennuso respecto del proyecto del gobernador Alberto Weretilneck. Se trata de una interpretación propia, según la cual habría que investigar si existe algún tipo de alineamiento entre el Poder Judicial y el Ejecutivo provincial.
“Nos preocupa muchísimo la persecución a los dirigentes políticos, nos preocupa muchísimo la persecución a los dirigentes de la oposición”, afirmó Ibarrolaza.
Otros expedientes bajo la lupa
El legislador también mencionó otros expedientes vinculados con el programa Techo Digno, entre ellos el que involucró a la exintendenta de Bariloche María Eugenia Martini. En ese marco, planteó cuestionamientos sobre la intervención de la Justicia provincial en causas que, a su entender, podrían haber correspondido al fuero federal.
