Denunció a los que se llevaron al bebé de Rancul y la Justicia tomó una decisión que la dejó sin respuesta

La Justicia desestimó por completo la denuncia que Ana Laura Pizzani había presentado contra funcionarios de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y contra efectivos policiales por el operativo con el que se restituyó a un bebé de siete meses, ocurrido el 7 de septiembre.

El Ministerio Público Fiscal concluyó que no existen elementos de prueba que permitan sospechar la comisión de un delito en el accionar de los agentes que participaron del procedimiento.

Qué denunciaba Pizzani

La presentación había quedado radicada en la Comisaría Seccional Primera. Allí se apuntaba a supuestas irregularidades en la intervención y en la supervisión del grupo familiar, y se mencionaban posibles episodios de intimidación y hostigamiento durante el operativo.

La denuncia también ponía bajo la lupa el desempeño del personal policial y cuestionaba la ausencia de documentación sobre determinadas circunstancias del procedimiento.

El límite que marcó la Fiscalía

En su resolución, el organismo aclaró que su tarea consistía únicamente en determinar si las conductas denunciadas podían encuadrarse en un delito penal. Sobre ese punto fue tajante: no le corresponde revisar la legitimidad ni el mérito de las decisiones judiciales o de protección de derechos adoptadas por las autoridades competentes.

Cómo fue el operativo, según los testimonios

Para reconstruir lo sucedido, la Unidad de Atención Primaria tomó declaración a integrantes del Equipo de Abordaje e Incidentes Críticos de la Policía, que tuvieron participación en la intervención en Eduardo Castex y en el traslado posterior a Santa Rosa.

De acuerdo con esos testimonios, el equipo fue convocado para asistir a personal de la Dirección de Niñez, que debía dar cumplimiento a una orden judicial de restitución del niño. En ese momento, la pareja que tenía al bebé bajo su cuidado estaba dentro de un vehículo y se resistía a entregarlo, mientras unas 50 personas se habían reunido en el lugar para respaldar a la familia.

Los funcionarios relataron que se armó una estrategia basada en la negociación y el diálogo. Según sus declaraciones, la familia sostuvo que no entregaría al bebé hasta que se resolviera un recurso que había presentado antes. Finalmente se acordó que Pizzani y el niño viajaran a Santa Rosa acompañados por personal especializado y un familiar, en tanto su esposo se trasladó por sus propios medios.

La revisión médica y la despedida

Ya en la Dirección de Niñez se concretó una reunión con autoridades del organismo y otros participantes. A pedido de la familia, una médica de Sanidad Policial revisó al bebé antes de que fuera entregado a su nueva familia. También se habilitó un momento para la despedida.

Cuando se les preguntó por eventuales expresiones intimidatorias o agraviantes, los responsables policiales aseguraron que no escucharon ninguna durante todo el procedimiento.

Por qué se desestimó la causa

Al fundamentar la decisión, la Fiscalía sostuvo que los funcionarios actuaron dentro de sus competencias y en cumplimiento de una orden judicial. Remarcó que durante la intervención se priorizaron el diálogo, la contención y el resguardo de la integridad física tanto del niño como de las personas involucradas.

La resolución indicó que no aparecieron pruebas de malos tratos, hostigamiento ni uso ilegítimo de la fuerza, ni de otras conductas que permitieran atribuir responsabilidad penal a los agentes intervinientes. Por eso, el Ministerio Público Fiscal dispuso la desestimación de las actuaciones, en los términos del artículo 259 del Código Procesal Penal.