Denunció al jefe de Obras Privadas de Iguazú y lo vinculó a la muerte de un obrero
Un concejal venía reclamando respuestas en el Concejo Deliberante y las respuestas nunca llegaron. Ahora llevó el caso a la Justicia y apuntó a un funcionario municipal, con un dato que complica todo: la muerte de un obrero el año pasado.
El concejal Alejandro Verón presentó este martes una denuncia penal contra el director de Obras Privadas de la Municipalidad de Puerto Iguazú, Arturo Agustín García, por presuntos delitos contra la administración pública. La presentación quedó radicada en la Fiscalía del Juzgado de Instrucción Nº 3.
Según el documento al que accedió El Territorio, la imputación apunta a negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Todo en calidad de presunto: la Justicia todavía no se pronunció sobre el fondo.
El camino que terminó en Tribunales
Antes de recurrir a la Fiscalía, Verón había insistido en el Honorable Concejo Deliberante con una serie de pedidos de informes y solicitudes de interpelación. Esas iniciativas fueron frenadas por el bloque oficialista, según consigna la nota.
Ante ese escenario, el edil optó por la vía judicial para que se investiguen de manera exhaustiva las denuncias que involucran al funcionario municipal.
La presentación no se limita a las irregularidades administrativas: también hace referencia a la posible relación entre esas actuaciones y la muerte de un obrero que cayó de un andamio en un edificio en construcción el año pasado.
Qué quiere probar la denuncia
El escrito busca que la Justicia determine si García, valiéndose de su cargo y de las facultades de autorización, aprobación y fiscalización de obras, intervino en operaciones administrativas donde existían intereses profesionales o económicos particulares, propios o de terceros vinculados.
También pretende establecer si hubo omisiones deliberadas de controles, autorizaciones irregulares o utilización indebida de recursos municipales.
En concreto, la denuncia intenta dilucidar si el funcionario usó o ejerció de forma irregular sus atribuciones como director de Obras Privadas para intervenir en proyectos ligados a intereses particulares, favorecer a terceros vinculados u omitir controles municipales obligatorios.
Los artículos del Código Penal en juego
La presentación se concentra en tres figuras penales. El artículo 265, referido a negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; el artículo 248, sobre abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público; y el artículo 249, que contempla la omisión, el retardo o el incumplimiento de actos propios del cargo.
Las diez medidas que pidió el concejal
El escrito incluye diez medidas prioritarias. Entre ellas, obtener los expedientes municipales de las obras identificadas, establecer las funciones y competencias de García, identificar sus intervenciones administrativas y preservar la documentación relevante.
El objetivo final es que la Fiscalía reconstruya sus intervenciones administrativas e identifique posibles conflictos de interés.