Un hombre de 31 años denunció al INTA por tenerlo "en negro" durante casi un año. Ahora reclama una suma que supera los $17 millones y el organismo aún no fue notificado.
Un hombre de 31 años, oriundo de Santa Lucía, presentó una demanda ante la Justicia Federal contra el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) por presuntas irregularidades en su contratación y en el pago de sus salarios. Según el escrito, se desempeñó como operario de campo durante casi un año sin registro formal y, tras reclamar la regularización de su situación, decidió considerarse despedido. Ahora exige una indemnización y diferencias salariales que, con intereses, superan los $17 millones.
La presentación fue realizada el viernes 13 de noviembre y, de acuerdo con lo trascendido, hasta el momento el INTA no había sido notificado formalmente de la demanda. El caso toma relevancia en un contexto de reducción de personal dentro del organismo nacional, que ya había generado preocupación por su impacto en el funcionamiento de distintas áreas y en la asistencia técnica a productores de la provincia.
Las tareas y los lugares donde trabajaba
En la demanda, el trabajador aseguró que ingresó el 1 de abril de 2025 y que cumplía funciones como operario de campo en el Campo Anexo San Martín (CASAM), perteneciente a la Estación Experimental Agropecuaria San Juan, ubicado en el departamento San Martín. Además, sostuvo que periódicamente era trasladado por su encargado hasta la sede de la Estación Experimental en Villa Aberastain, en Pocito, donde también realizaba trabajos vinculados a cuadros de cultivo y ensayos.
Entre las actividades que enumeró se encontraban la cosecha de aceitunas, el corte, carga y acarreo de fardos de alfalfa, tareas de riego, apertura de melgas, limpieza de acequias y cunetas, desmalezado y destronque con motosierras y motoguadañas. También afirmó que aplicaba herbicidas, fungicidas y hormiguicidas, además de realizar tareas de mantenimiento en los cuadros de cultivo y ensayos experimentales. Según su relato, las herramientas, maquinarias, agroquímicos y vehículos utilizados eran provistos por el propio INTA.
El trabajador sostuvo que cumplía una jornada de lunes a viernes, habitualmente de 7 a 12, aunque con frecuencia se extendía hasta las 14 o incluso las 16:30. Por esas horas adicionales, aseguró que recibía pagos separados de $2.500 por hora. Asimismo, manifestó que respondía directamente a un agente del INTA que se desempeñaba como encargado de la cuadrilla de campo y que era quien diariamente le asignaba las tareas.
Cuánto cobraba y cómo era su situación laboral
Uno de los puntos centrales del reclamo está relacionado con el dinero que recibía por sus tareas. Según detalló en la presentación, percibía $62.500 semanales y, desde mediados de 2025, se agregó un monto fijo de $50.000 mensuales, aparte de las horas extra.
De acuerdo con esos cálculos, su ingreso promedio mensual rondaba los $320.833. El demandante afirmó que cobraba ese dinero sin aguinaldo, vacaciones pagas ni recibos de sueldo, y que la remuneración estaba muy por debajo de la que correspondía a las tareas que desempeñaba. En ese sentido, señaló que el salario de referencia para un peón general, según la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, alcanzaba los $1.000.908,17 en febrero de 2026.
Otro aspecto que expuso fue que, si bien las transferencias llegaban a su cuenta bancaria desde el encargado de la cuadrilla, este le habría aclarado que el dinero no era propio, sino que provenía de fondos destinados a un proyecto de investigación del INTA, aparentemente administrados por la Asociación Cooperadora de la Estación Experimental. Además, indicó que durante el año pasado se modificó la modalidad de pago y que les habían informado que los fondos comenzarían a transferirse directamente desde el organismo a las cuentas personales de los trabajadores.
Según la demanda, nunca fue incorporado formalmente al INTA, no tuvo alta en el sistema de seguridad social ni recibió recibos de sueldo. En septiembre de 2025, cinco meses después de su ingreso, le gestionaron la inscripción como Monotributista Social, pero con una actividad declarada como cultivo de hortalizas de hoja, que —según sostuvo— no se correspondía con las tareas que realmente realizaba.
El reclamo, las cartas documento y el despido
Frente a esta situación, el trabajador aseguró que envió cartas documento para exigir que lo incorporaran formalmente a los registros del organismo y que le reconocieran las diferencias salariales correspondientes. Sin embargo, sostuvo que no obtuvo respuestas a sus planteos.
Ante la falta de regularización, comunicó la retención de tareas hasta que se resolviera su situación laboral y, finalmente, en marzo de este año se consideró despedido.
En la demanda reclamó un total de $16.977.943,78, cifra que supera los $17 millones al sumarle la actualización y los intereses que solicitó desde el momento en que cada suma debió ser abonada. El monto contempla diferencias salariales, vacaciones no pagadas y otros conceptos derivados de la relación laboral que denunció. Además, dejó abierta la posibilidad de ampliar el reclamo por horas extraordinarias que considera impagas y por eventuales actualizaciones salariales que correspondieran al período trabajado, en función de la prueba que se incorpore durante el proceso.