Denunció un complot, la causa se archivó y ahora deberá pagar $5 millones

La Justicia Civil de Neuquén condenó a la ex vicegobernadora Gloria Ruiz a indemnizar con cinco millones de pesos al presidente de CALF, Marcelo Severini, por el daño moral que le provocó una denuncia penal que ella misma había presentado a fines de 2024 y que nunca pudo sostener con hechos concretos.

El fallo lo firmó el Juzgado Civil N°4 de la capital provincial. La sentencia encuadró la conducta de Ruiz en la figura de "acusación calumniosa" prevista en el artículo 1771 del Código Civil y Comercial, y ordenó además que la resolución se publique a costa de la ex funcionaria en los diarios Río Negro y La Mañana de Neuquén y en sus redes sociales.

También le exigió eliminar de sus cuentas todas las menciones vinculadas con aquella denuncia, bajo apercibimiento de sanciones, y le impuso el pago de las costas del proceso.

Qué decía la denuncia que terminó archivada

Todo empezó en diciembre de 2024, cuando Neuquén atravesaba uno de los momentos de mayor tensión política desde el inicio de la gestión de Rolando Figueroa. Ruiz, separada preventivamente de su cargo por la Legislatura, se presentó en la Justicia para denunciar "asociación ilícita, corrupción, abuso de autoridad, tráfico de influencias, lavado de activos" y una maniobra organizada para apartarla del poder.

La presentación apuntaba contra funcionarios, legisladores y otras personas. Entre los denunciados figuraban los diputados provinciales Ernesto Novoa, Guillermo Monzani, Francisco Lepore, Claudio Domínguez y Carina Riccomini; integrantes del gabinete provincial como Tania Bertoldi, Julieta Corroza, Lucas Castelli, Matías Nicolini y Rubén Echeverry; y el propio Severini, actual titular de CALF.

La causa pasó primero por el fuero federal y después fue derivada a la Justicia provincial. El 18 de diciembre de 2024, el fiscal Diego Azcárate resolvió archivarla. Según el Ministerio Público Fiscal, la denuncia enumeraba una gran cantidad de delitos pero no describía qué hecho concreto podía atribuirse a cada una de las personas señaladas.

"La presentación hacía referencia a supuestos delitos contra la administración pública provincial, pero no individualizaba las acciones que permitieran sostener una investigación penal", explicó el fiscal.

El organismo también analizó la Resolución 1219 de la Legislatura, con la que Ruiz había sido separada de su cargo y que ella ubicaba dentro del supuesto complot. Para la fiscalía, ese acto estaba dentro de las atribuciones institucionales del cuerpo y no había elementos para convertirlo en prueba de los delitos denunciados.

El único que reclamó por daños y perjuicios

De todos los mencionados en aquella presentación, Severini fue el único que avanzó por la vía civil. No pidió que se reabriera la investigación penal por el supuesto complot: reclamó por el daño que, según sostuvo, le generó quedar públicamente involucrado en esas acusaciones y por la difusión que tuvieron.

El Juzgado Civil N°4 le dio la razón. La sentencia consideró que, en su caso particular, la denuncia no describía un hecho concreto que pudiera atribuírsele.

Fuentes judiciales remarcaron la diferencia entre las dos decisiones. El archivo de la causa penal no condenó a Ruiz por denuncia falsa: lo que determinó fue que la presentación no contenía la descripción de hechos necesaria para sostener penalmente las acusaciones. La condena civil, en cambio, llegó después y solo a partir del reclamo de Severini.

"Una cosa es la fuerza que puede tener una acusación cuando se pronuncia públicamente. Otra, muy distinta, es aquello que puede sostenerse después dentro de un expediente", resumió un funcionario judicial interviniente.

Por eso, advirtieron, el resultado de esta demanda no se traslada automáticamente al resto de los denunciados: no hubo una condena civil por cada uno de ellos ni todos reclamaron una reparación. Hubo una sola demanda, la inició Severini y la ganó.