Denunció un plan para matarla y ahora la acusan de montar una maniobra

Una investigación por el robo de una millonaria suma de dinero en La Toma derivó en un escándalo dentro de la Justicia de San Luis, con acusaciones cruzadas de encubrimiento y una denuncia por un supuesto plan para asesinar a una fiscal. Virginia Palacios, fiscal de Juicio de la Primera Circunscripción Judicial, aseguró que recibió información sobre un plan para matarla y desde el 20 de septiembre cuenta con custodia del COAR.

La medida fue confirmada por autoridades del Ministerio de Seguridad al diario El Chorrillero. Palacios había pedido protección tras manifestar que temía por su integridad y la de su hija, con quien vive en el barrio privado Los Quebrachos, en la ciudad de San Luis.

El robo que originó todo

El hecho ocurrió entre el 28 y el 30 de abril en la vivienda de María Lydia Novillo, en La Toma. Dentro de una caja fuerte ubicada en un dormitorio, su hermano Ernesto “El Tomero” Novillo había dejado una importante cantidad de dinero, entre pesos y dólares.

La mujer denunció el robo el 30 de abril por la mañana y dijo que se produjo mientras no se encontraba en la casa. El abogado Hugo Scarso asumió la representación legal de ella y de su hermano Ernesto, y sostuvo que el principal sospechoso es Jorge “Neneto” Novillo, otro de los hermanos.

Scarso cuestionó el avance de la investigación: afirmó que la Policía había solicitado el 1 de mayo medidas como allanamientos y recolección de pruebas, pero que la fiscal auxiliar María Alejandra Quiroga Nassivera recién las requirió cinco días después. Los allanamientos se realizaron el 7 de mayo.

Según el letrado, esa demora provocó la pérdida de elementos relevantes para la causa, entre ellos registros de cámaras de seguridad. También remarcó que Quiroga Nassivera es “alterna absoluta” de Palacios y criticó que nunca le dio participación en la investigación al titular de la Fiscalía de Instrucción N°2, Ricardo Barbeito, que tramita el expediente.

La denuncia de la fiscal y las acusaciones cruzadas

A partir de esa causa, Palacios denunció que personas vinculadas con Ernesto Novillo comenzaron a difundir versiones sobre un supuesto encubrimiento a Jorge Novillo por parte de funcionarias judiciales, a cambio de una importante suma de dinero. Scarso, sin embargo, sostuvo que Ernesto Novillo nunca intervino en el expediente por el robo.

“Acá hay un desdoblamiento de la función. Cuando uno es fiscal, es fiscal; si es defensor o encubridor, es encubridor”, afirmó el abogado a SanLuis24 Noticias.

En su presentación, Palacios señaló a Mauricio Nicolás Gómez, conocido como “El Porteño”, como la persona que supuestamente habría sido contactada para asesinarla. Según la denuncia, Gómez tiene antecedentes de ingresos al Servicio Penitenciario por distintas causas y había realizado trabajos para la fiscal en una vivienda de El Volcán. La misma versión sostiene que el supuesto ataque también tenía como objetivo a Jorge Novillo.

De acuerdo con la denuncia de la fiscal, un interno del Servicio Penitenciario Provincial, identificado como “Coco” Fábregas, le habría transmitido a un abogado que existía un plan para matarla y que incluso se habría contactado a una persona para ejecutar el ataque.

El abogado acusó a la fiscal de montar una maniobra

Scarso rechazó de manera tajante la denuncia de Palacios y cuestionó su versión sobre el supuesto plan criminal. “No sé si está inventando, pero yo estoy convencido que está inventando”, afirmó.

El abogado sostuvo que el objetivo de la presentación sería desviar la atención de una presunta participación de la propia fiscal en el robo, una acusación que no aparece acreditada en la información disponible y que forma parte de la disputa entre las partes.

Scarso también recordó la relación profesional que tuvo con Palacios en los comienzos de su carrera en el derecho penal y aseveró que los escritos que presenta la defensa de Jorge Novillo son elaborados “por la pluma” de ella. Por eso, adelantó que buscará aportar elementos para sostener sus acusaciones sobre una supuesta confusión de roles.

“Voy a probar la confusión de roles, la participación de esta persona, la mendicidad de la denuncia, y es problema del Poder Judicial seguir manteniendo o no a estas fiscales”, sostuvo.