Desacato en la UNaF: el rector ignoró a la Justicia y frenó una sesión clave del Consejo Superior

El rector Augusto Parmetler suspendió de manera unilateral la sesión extraordinaria del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Formosa, pese a que un juez federal se lo había ordenado en un plazo de 48 horas. La medida, que impide debatir supuestas irregularidades administrativas, profundiza la crisis institucional y expone el aislamiento político del rector.

¿Por qué se suspendió la sesión?

La convocatoria no era una reunión de rutina: surgía de una intimación directa del Juzgado Federal de Formosa. La magistratura había ordenado al rector citar al Consejo Superior en un plazo perentorio. Sin embargo, Parmetler decidió no acatar el mandato y optó por suspender el encuentro, en una maniobra que fuentes universitarias califican como "rebeldía procesal y desacato".

Según allegados a la gestión, la decisión fue tomada junto al asesor Mario Baran, ante la certeza de que el oficialismo no contaba con los votos necesarios para aprobar las memorias de gestión ni frenar los pedidos de informes de la oposición.

Un temario que incomoda: convenios, plazos fijos y sobreprecios

Entre los puntos que Parmetler evitó tratar figuran el convenio con el Banco Hipotecario, firmado sin aval del Consejo Superior; el destino de millonarios rendimientos de plazos fijos; la compra del edificio de la Secretaría de Gerencia y Desarrollo, bajo sospecha de sobreprecios; y contrataciones directas sin licitación.

También se suman denuncias sobre el incremento patrimonial injustificado de funcionarios y la designación de la cónyuge del rector en la planta institucional, hechos que la gestión intentó mantener fuera del debate.

Conflicto laboral y denuncias de intimidación

La crisis se extiende al plano laboral: en los últimos meses, la administración desvinculó a decenas de contratados monotributistas, realizó traslados arbitrarios y cerró el comedor universitario. Además, se investiga la filtración ilegal de videos de seguridad del campus y la presunta contratación de grupos de choque del Barrio San Agustín para intimidar a opositores.

El escribano Parajón ya presentó una denuncia penal por la filtración de las grabaciones.

La oposición va a la Justicia Federal

Frente al desacato consumado, los consejeros opositores preparan una presentación ante el Ministerio Público Fiscal y el juez de la causa. Las acciones apuntan a denunciar los delitos de desobediencia a una orden judicial e incumplimiento de deberes de funcionario público. Si prosperan, la situación de Parmetler y su equipo podría complicarse aún más, con posibles medidas cautelares o incluso una intervención al Ejecutivo universitario.