Desalojaron a una familia en Santa Lucía y ahora piden un lugar para vivir
La familia asegura que vivía ahí desde hacía más de 50 años. La Justicia falló a favor de un tercero que reclamaba la propiedad y este lunes la casa de calle General Espejo quedó vacía. Ahora buscan un lugar provisorio: son siete, entre ellos una adolescente con diabetes.
Una familia que asegura haber vivido más de cinco décadas en una casa del barrio Camilo Rojo, en Santa Lucía, quedó este lunes en la calle tras un desalojo ordenado por la Justicia. La propietaria legal del terreno, un tercero que reclamó la titularidad, ganó la pulseada judicial, y ahora los ocupantes buscan un lugar provisorio donde instalarse.
El procedimiento se ejecutó en la vivienda de calle General Espejo 1694. La medida expuso un conflicto de larga data por la titularidad del inmueble: la familia sostiene derechos históricos sobre el lugar, mientras que la orden judicial responde a una causa que avanzó a favor de quien figura como dueño legal.
“Pagó un canon durante 15 años”
Silvana Mallea, una de las damnificadas, contó al móvil de Canal 13 que su familia se radicó en esa casa hace más de 50 años. Según su relato, su padre le pagó un alquiler a un antiguo dirigente político durante 15 años y después recibió una cesión informal de derechos por parte de quien consideraban el propietario legítimo.
Mallea reconoció que no se presentó en su momento ante el juzgado para acreditar la documentación que la familia guarda en una escribanía. Ese paso omitido derivó en la orden de lanzamiento que terminó con la familia fuera de la vivienda.
Sin recursos para pagar un alquiler, la mujer pidió un espacio habitacional provisorio para su grupo familiar: su esposo, tres hijos —una de ellos de 16 años con diabetes— y dos nietos. Quienes quieran colaborar pueden comunicarse al 2644548474.
La versión del oficial de justicia
Mario Peñafort, oficial de justicia a cargo del operativo, salió a responder a los reclamos de los ocupantes por presuntas irregularidades. Aclaró que en ningún momento se forzó la puerta de manera violenta: se convocó a un cerrajero de rigor público después de llamar varias veces a la entrada sin obtener respuesta desde el interior.
Peñafort remarcó que el procedimiento se ajustó a derecho y cumplió con las normativas de protección vigentes. Según detalló, los bienes muebles de la familia fueron trasladados de inmediato a un depósito cercano que facilitaron los vecinos, para que no quedaran expuestos en la vía pública.
El acta oficial también consigna que los menores de edad fueron llevados por su abuela a un domicilio particular en el barrio Kirchner, en Albardón.
Las autoridades recordaron que cualquier planteo formal sobre la validez de los títulos de propiedad deberá tramitarse exclusivamente ante el juzgado correspondiente.