Desalojo en Humahuaca: denuncian disparos a quemarropa y detenciones arbitrarias

Una comunidad originaria de Jujuy vivió momentos de pánico durante un operativo de desalojo. Seis personas terminaron heridas y siete fueron detenidas en un procedimiento que ya es investigado por la justicia provincial.

Representantes de la comunidad Santa Rosa, en Humahuaca, ampliaron su denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Los acusan de violencia institucional, represión desmedida y graves irregularidades en el accionar de la Policía de Jujuy.

Un operativo que dejó heridos y detenidos

El desalojo movilizó a unos 150 efectivos, incluyendo personal de Infantería y del SAME. Según la denuncia, seis personas sufrieron heridas por balas de goma, hubo uso indiscriminado de gases lacrimógenos y al menos siete detenciones, entre ellas cinco mujeres.

Yolanda Zoruco y Florencia Saquita, integrantes de la comunidad, relataron los hechos. "Llegaron a disparar y tirar gases lacrimógenos directamente al cuerpo y al rostro de las mujeres. Ya estaba despejado el lugar del desalojo, pero siguieron disparando y persiguiendo a la gente hacia otros domicilios que no tenían ninguna relación con la medida judicial", señaló Zoruco.

Las denunciantes aseguran que el operativo afectó a menores y adultos mayores. "Rompieron vidrios y tiraron gases adentro de viviendas particulares donde había niños. A una mujer le dispararon en la cara a menos de cinco metros cuando salió a buscar a su sobrina", denunciaron.

Saquita, de 69 años, contó el trato que recibió: "Fue una brutalidad increíble. Entraron a una casa ajena al conflicto, tiraron gases y la gente empezó a vomitar y a toser. A una integrante la aprehendieron entre diez policías hombres y la tiraron adentro de la camioneta como si fuera una delincuente".

Cuestionamientos a la justicia y al rol del Estado

Las representantes comunitarias presentaron documentación para desmentir las versiones oficiales que hablaban de una disputa entre particulares y negaban la presencia de niños. Exhibieron el libro de actas de la comunidad, con su personería jurídica y el trámite por el título comunitario de las tierras.

Además, denunciaron que la orden judicial exigía garantizar la reubicación habitacional de los menores antes del desalojo, algo que no se cumplió según informes del Instituto de Vivienda de Jujuy (IVUJ). También criticaron la ausencia del juez de la causa, Dr. Calderón, y la inacción de la Secretaría de Pueblos Indígenas. "En lugar de defendernos o informar como corresponde al juez, nos entregan y desinforman", recriminó Zoruco.

El reclamo al gobernador y a la Legislatura

El caso reavivó el debate sobre el uso de la fuerza en conflictos territoriales. Desde la comunidad apuntan al gobernador Carlos Sadir por su silencio y piden que la Legislatura interpele al Secretario de Seguridad, Gil Urquiola.

"Nos tratan de delincuentes por ser integrantes de pueblos originarios y defender el territorio. La seguridad no se puede manejar con criterios de obediencia política; los conflictos no se resuelven con más uniformados, se resuelven con la ley y con diálogo", concluyeron.

La causa por las responsabilidades penales e institucionales del operativo sigue bajo investigación en el MPA.