Desalojo en Puente Quemado II: ¿el fin de la promesa incumplida del Estado con los mbya?

La comunidad mbya guaraní Puente Quemado II, en Misiones, fue desalojada por orden judicial. Las familias perdieron sus viviendas y el Estado argentino enfrenta una deuda histórica que parece no tener solución.

En 2006, la Ley 26.160 prometió relevar las tierras indígenas y frenar los desalojos. Dieciocho años después, el relevamiento sigue incompleto y las comunidades siguen en la incertidumbre.

Una ley con promesas incumplidas

La Ley 26.160, sancionada en 2006, buscaba reconocer el derecho de los pueblos indígenas a las tierras que ocupan. Ordenó un relevamiento territorial y prohibió desalojos por tres años. Pero ese plazo se extendió una y otra vez, y el proceso nunca se completó.

En 2024, el Gobierno de Javier Milei derogó la última prórroga, aunque permitió que las tareas continuaran hasta 2025. Sin embargo, el desalojo de Puente Quemado II ocurrió días atrás, por orden del juez de Instrucción de Jardín América, Ricardo Sena.

Siete familias fueron desalojadas y sus precarias viviendas fueron derribadas. La imagen de los ocupantes mirando cómo se destruía su hogar quedó grabada en la memoria de todos.

¿Cuántas comunidades tienen carpeta técnica?

Misiones comenzó el relevamiento en 2008. De las 127 comunidades que debía registrar, hoy son más de 138. Lautaro Sosa, exresponsable del registro, dijo a PRIMERA EDICIÓN: “Si bien logramos avanzar, creo que quedaron sin relevar menos de 16 comunidades”.

Pero tener relevamiento no equivale a tener título. Solo 50 comunidades cuentan con carpeta técnica avalada por el INAI. De esas, 15 ya tienen título de propiedad. El resto sigue en la indefinición.

Francisco Rodríguez, director de Asuntos Guaraníes, detalló: “Hoy, solo 50 comunidades tienen carpeta técnica y, de esas, 15 ya cuentan con título”. El resto, unas 60, fueron relevadas pero sus carpetas no fueron aprobadas. Otras 17 ni siquiera fueron visitadas.

¿Qué pasará con las comunidades sin título?

El plan de acción actual se centra en las 35 comunidades con carpeta técnica que aún no tienen título. Rodríguez propuso a la Nación financiar agrimensores para acelerar el proceso, y anticipó que el convenio está próximo a firmarse.

Pero las comunidades que no tienen carpeta técnica quedaron en el limbo. Rodríguez reconoció que “si hoy se firma un convenio para volver a relevar, no estaremos cumpliendo con lo que piden las comunidades, que es el título”.

Además, señaló que existe confusión: “Algunas comunidades interpretan que el relevamiento equivale a un título, y no es así”.

Desalojo de Puente Quemado II: ¿un caso aislado?

El desalojo de Puente Quemado II es el primero de una comunidad guaraní, pero Rodríguez cree que las posibilidades de que se repita son bajas. “Hay otros magistrados con los que mantenemos diálogo”, dijo.

Sin embargo, el funcionario admitió que no fueron notificados por el juez Sena. “Tomamos conocimiento a través del cacique”, afirmó. Además, recordó que se había acordado una mesa de mediación para el 31 de julio, pero el desalojo se adelantó.

El 7 de agosto habrá una nueva reunión para abordar la situación. Mientras tanto, la comunidad de Puente Quemado II, que paradójicamente tiene carpeta técnica, sigue sin hogar.

Mesas de diálogo: ¿solución o parche?

El Ministerio de Derechos Humanos y la Dirección de Asuntos Guaraníes impulsan mesas de diálogo desde hace años. En la última reunión, participaron el cacique Santiago Ramos, representantes de la comunidad, del INAI, de Arauco Argentina y de la Municipalidad de Garuhapé.

Se acordó perforar un pozo de agua e instalar paneles solares para las 14 familias de la comunidad. Pero estas acciones no resuelven el problema de fondo: la falta de títulos de propiedad.

Rodríguez concluyó: “Siempre buscamos soluciones a través del consenso. Pero cuando una medida judicial se anticipa y se concreta un desalojo, la situación se complica”.