Desalojo exprés: los plazos que maneja el Senado y el paso obligatorio antes de iniciar el trámite
El Senado aprobó el desalojo exprés: ¿cuánto tardará la Justicia y qué deben hacer los inquilinos morosos? Los detalles que no te contaron.
El Senado dio media sanción a la reforma que promete revolucionar los desalojos en Argentina. La iniciativa, que busca garantizar la inviolabilidad de la propiedad privada, establece un procedimiento sumarísimo para que los dueños recuperen sus inmuebles en tiempo récord. La clave está en los plazos: la Justicia podría resolver en apenas dos meses.
¿A quiénes alcanza el nuevo sistema?
La medida no distingue perfiles: aplica a inquilinos, subinquilinos, ocupantes precarios e intrusos. También alcanza a quienes entraron legalmente a la propiedad pero dejaron de pagar o violaron el contrato.
El objetivo del Ejecutivo es claro: acortar los tiempos judiciales y blindar los derechos de los propietarios frente a los incumplimientos.
El paso previo obligatorio por falta de pago
Si el conflicto es por alquileres impagos, el dueño deberá intimar al inquilino a regularizar la deuda. El locatario tendrá un plazo mínimo de 10 días corridos para pagar.
Si el inquilino no responde, el propietario podrá pedir la desocupación inmediata del inmueble presentando una caución juratoria. Pero ojo: para evitar abusos, el proyecto castiga a los dueños que oculten pagos o documentación con multas de hasta 10 veces el último alquiler.
Pruebas limitadas y reglas más estrictas
El proceso judicial será más ágil pero también más riguroso en materia probatoria. Solo se aceptarán pruebas documentales (recibos, transferencias) y periciales, dejando de lado otras dilaciones.
Además, el locador no podrá negarse a recibir las llaves ni condicionar su devolución por deudas. Si se rehúsa, el inquilino podrá consignarlas judicialmente y dejar de generar nuevos cánones desde la notificación.
Inspecciones exprés y protección a vulnerables
Para casos de daños, cambio de destino o uso abusivo, el juez deberá realizar una inspección judicial dentro de las 72 horas, acompañado por un defensor oficial para identificar a los ocupantes.
El proyecto también contempla a menores, discapacitados y adultos mayores: se dará intervención a organismos asistenciales y se otorgarán hasta 10 días para buscar una solución habitacional transitoria, sin frenar el desalojo.
Tras el aval del Senado, la iniciativa pasa a Diputados, donde necesitará aprobación definitiva para convertirse en ley.