DeSantis presionó a las ciudades del sur de Florida, pero más de 30 le dijeron que no al ICE

Más de una treintena de municipios del sur de Florida, entre ellos Fort Lauderdale, Miramar, Homestead y Miami Beach, decidieron no firmar los convenios 287(g) con el ICE, pese al impulso del gobernador Ron DeSantis y a los incentivos económicos federales. La resistencia a la colaboración policial migratoria quedó en evidencia en un relevamiento del Miami Herald, que identificó a las localidades que permanecen fuera del programa.

Un mapa de la negativa

El análisis de contratos públicos permitió establecer que alrededor de un tercio de los municipios de los condados de Miami-Dade y Broward que cuentan con fuerzas policiales propias sí se sumaron al programa 287(g). Entre las localidades que firmaron aparecen Coral Gables, Hialeah, Davie, Hollywood y Sweetwater.

En cambio, la mayoría de las ciudades con departamentos de policía independientes optó por no incorporarse, a pesar de las presiones políticas y de los incentivos económicos ofrecidos por las autoridades federales.

Qué es el programa 287(g)

Se trata de una iniciativa que habilita la colaboración entre las autoridades migratorias federales y determinadas fuerzas policiales locales mediante acuerdos de capacitación y delegación de funciones. En la práctica, permite que agentes locales ejerzan tareas vinculadas con la aplicación de las leyes migratorias federales.

Florida tiene la segunda mayor cantidad de acuerdos 287(g) de Estados Unidos, solo por detrás de Texas, un estado considerablemente más grande, según los datos federales citados por el Miami Herald.

Una ley estatal firmada por DeSantis en 2022 establece expresamente la obligación de incorporarse al programa para las oficinas de los alguaciles y los centros de detención de los condados. Sin embargo, el texto no dispone de manera explícita que todos los municipios deban suscribir acuerdos con el ICE.

De acuerdo con el medio, 11 municipios sin acuerdos no recibieron presiones ni amenazas de los dirigentes estatales para incorporarse.

Resistencia también entre los que firmaron

Las ciudades que sí firmaron acuerdos con el ICE también enfrentan cuestionamientos de residentes, activistas y dirigentes comunitarios que reclaman el fin de la colaboración.

En Miami y Doral, las críticas se concentran en las consecuencias que estos convenios podrían tener sobre la confianza de los habitantes en las fuerzas policiales. Los opositores sostienen que la participación de agentes locales en tareas migratorias puede generar temor entre las comunidades inmigrantes y desalentar la denuncia de delitos.

Según los críticos del programa, algunas víctimas podrían evitar acudir a la policía por miedo a que sus datos o su situación migratoria terminen vinculados con las autoridades federales.

En Doral, residentes, representantes de organizaciones sociales y líderes comunitarios acudieron al ayuntamiento para exigir que la alcaldesa Christi Fraga y el concejo municipal abandonen el acuerdo 287(g).

Incentivos que no alcanzaron

El ICE ofreció a los departamentos policiales un pago inicial de 100.000 dólares, además del reembolso de los salarios de los agentes participantes, según la información publicada por el Miami Herald.

No obstante, no estaba claro si esos fondos fueron solicitados o distribuidos hasta la fecha del relevamiento. Tanto Doral como Indian Creek informaron que no recibieron dinero de las autoridades federales por su participación en el programa.