Desapareció tras denunciar "zonas liberadas" en Santa Cruz: la hipótesis que apunta a dirigentes

La querella que representa a la familia de Mario "Pato" García sostiene que su muerte podría estar vinculada a la denuncia pública que el hombre hizo poco antes de desaparecer, cuando advirtió sobre la existencia de "zonas liberadas" y una presunta connivencia entre algunos sectores y grupos ligados a la delincuencia. Así lo plantearon el abogado Alberto Luciani y la abogada del Estado Ximena Villares en un escrito compartido con La Opinión Austral.

Según ese documento, el crimen podría estar relacionado con "personas cercanas a dirigentes políticos y con antecedentes penales". La querella considera que esos vínculos habrían permitido demorar el avance de la causa y favorecer la impunidad. Se trata de una acusación que todavía debe ser investigada y respaldada con pruebas.

De la desaparición a los restos hallados

Gisella Cruz, hermana de la víctima, fue quien denunció la desaparición en la Comisaría Tercera del barrio 2 de Abril, en Caleta Olivia, hace nueve meses. La búsqueda posterior no conformó a la familia. Los días 21 de enero y 19 de febrero de 2026 se encontraron restos humanos en sectores descampados de los barrios 13 de Diciembre y Bicentenario que, según los estudios, pertenecen a "Pato" García.

Por entonces, una comisión investigadora especial integrada por personal de distintas divisiones de Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, con apoyo de Criminalística y canes adiestrados, desplegó tareas de campo y allanamientos en los barrios Miramar y Zona de Chacras. Los procedimientos fueron ordenados por el juez Marcos Pérez Soruco, del Juzgado Penal N° 1.

Tras la confirmación de que los restos eran de García, no se conocieron nuevos avances en la causa, aunque la investigación continuó. Ese silencio llevó a Cruz a reunirse con integrantes del máximo tribunal provincial el pasado 26 de junio, donde cuestionó la demora.

Qué respondió el Tribunal Superior de Justicia

El 26 de agosto, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) emitió una resolución administrativa en respuesta al pedido de la hermana de la víctima. En ella ordenó al juez Carlos Borges, de Recursos de la Segunda Circunscripción Judicial, que revise el estado procesal para establecer si hubo paralizaciones, dilataciones injustificadas o medidas de prueba pendientes.

Borges debía elevar los informes correspondientes dentro de los 15 días, a partir de fines de agosto, pero los detalles aún no se dieron a conocer. En la causa también intervienen el fiscal de Instrucción Martín Sedan y la secretaria Kevin Rearte.

La querella advirtió en el escrito: "Entendemos que esta causa no tuvo la agilidad y premura que se merecía al comienzo y se han perdido pruebas importantes". Pese a ello, mantienen expectativas de que el homicidio pueda esclarecerse y que el caso no quede archivado como un crimen impune más en la provincia.

Los pedidos de la familia

Entre los reclamos, la querella y los familiares solicitaron la renovación de la recompensa de 5 millones de pesos para quienes aporten información real, relevante y útil para el esclarecimiento del caso. También pidieron que se implementen mecanismos de protección para los testigos que puedan brindar datos ante la Justicia.

El escrito destaca además que, a partir de la intervención del TSJ, se habrían reactivado algunas medidas procesales con la participación de fuerzas de seguridad nacionales, como allanamientos y pericias de distinto tipo.

"Queremos que esta causa sea debidamente investigada y que el tiempo no haga que quede como un crimen impune más en Santa Cruz", expresaron. En el documento también advirtieron que el caso representa un antecedente negativo para la provincia y, en particular, para la zona norte.