Desde la cárcel, Báez movía un negocio de 7000 ovejas: quién firma los papeles y cuánto debe
Los documentos que analiza la Justicia muestran cómo se manejaban los campos de Báez mientras él estaba preso: un alquiler a nombre de un sospechoso y un acuerdo ganadero que mueve miles de animales. El detalle que nadie esperaba aparece en la planilla de pagos.
La Justicia federal sigue desarmando lo que, según la investigación, era una usina de negocios que Lázaro Báez manejaba desde su celda en el penal de Ezeiza. Los nuevos documentos que se sumaron a la causa exponen cómo se explotaban sus campos en Santa Cruz: un contrato de alquiler a nombre de un hombre señalado como presunto narco y otro acuerdo para criar, engordar y esquilar miles de ovejas.
Los papeles involucran a Austral Agro S.A., una de las firmas del empresario condenado por corrupción. La causa busca establecer si Báez continuó administrando bienes alcanzados por medidas judiciales pese a estar preso.
La investigación la lleva el fiscal federal de Río Gallegos Julio Zárate. Según la hipótesis que maneja, una presunta organización habría usado propiedades rurales, alquileres y operaciones comerciales para mover fondos por fuera del control de la Justicia. Entre los principales sospechosos aparecen Claudia Insaurralde, pareja de Báez, y Cristian Sebastián Ibáñez, alias “Budín”, a quien además se investiga por sus presuntos vínculos con una banda dedicada al narcotráfico.
La estancia que alquiló “Budín” y la deuda que quedó registrada
Uno de los contratos es el de la estancia La Entrerriana, en Santa Cruz, propiedad de Austral Agro. El documento de locación rural fija que el campo se destinaría exclusivamente a la explotación agropecuaria.
El acuerdo tiene una duración de tres años, desde el 1° de mayo de 2026 hasta el 30 de abril de 2029, con un canon mensual de $2 millones que debía pagarse por adelantado dentro de los primeros cinco días de cada mes.
El locatario es Ibáñez, señalado por los investigadores como uno de los hombres de confianza de Báez y presunto integrante de una organización vinculada al transporte y distribución de cocaína en Santa Cruz.
Pero hay un detalle que llamó la atención de los pesquisas: según una planilla incorporada a la causa, “Budín” no habría pagado el alquiler desde el inicio del contrato y acumulaba una deuda de $12 millones.
La actividad rural del sospechoso quedó además expuesta en sus propias redes. En su cuenta de TikTok publicó videos con ovejas y distintos sectores del establecimiento, un registro visual de su vinculación con el negocio ganadero.
El acuerdo por 7000 ovejas en Coronel Guarumba
El otro documento bajo análisis es un contrato de capitalización ganadera firmado el 22 de marzo de 2025 entre Austral Agro, representada por su presidenta Belén Casafúz Parada, y Paula Beatriz Godfrid.
Por ese acuerdo, Godfrid entregaría 7000 ovejas de su propiedad para su cría, engorde y esquila en la estancia Coronel Guarumba, también vinculada a la empresa de Báez. A esos animales se sumarían otras 1000 ovejas de Austral Agro, con lo que el stock conjunto llegaría a 8000 cabezas.
La firma propietaria del campo se comprometía a aportar los campos para el pastoreo, garantizar la alimentación y poner la mano de obra para el cuidado y la vigilancia de los animales. También debía cubrir salarios, cargas sociales y los gastos de manutención de los trabajadores rurales.
Los videos de Ibáñez muestran numerosos ejemplares de ganado ovino en los campos vinculados a la actividad agropecuaria, aunque por sí solos no permiten determinar si se trata de las mismas ovejas del contrato de capitalización.
Según la investigación, Godfrid y su hijo, Mauro Gastón Trevisan Godfrid, transfirieron $26,2 millones a Ibáñez entre abril y octubre de 2026. Parte de esos fondos habría sido enviada después a cuentas vinculadas con Insaurralde y con Fausto Devetac, cuñado de “Budín”. Los investigadores buscan establecer el destino real del dinero y si las operaciones respondían a negocios genuinos o a maniobras para eludir los controles sobre el patrimonio del empresario.
Las órdenes que salían de la cárcel
Los contratos se suman a una serie de escuchas telefónicas que mostraron cómo Báez intervenía en la administración de sus propiedades a pesar de estar detenido.
En una conversación del 5 de octubre con Ibáñez, el empresario discutió el manejo de las estancias La Entrerriana y Alquinta y dio instrucciones sobre quiénes debían quedar al frente de los establecimientos.
“Necesitamos uno que sea nuestro, que sea tuyo. Yo le había dicho que mandes al que está administrando Entrerriana y que ese designe otro allá”, le indicó Báez.
En otro tramo de la charla dejó en claro que pretendía mantener el control de ambas propiedades: “Yo voy a supervisar los dos lados”.
Las escuchas también registraron diferencias con las decisiones de Insaurralde, a quien los interlocutores llamaban “la Tía”. Báez cuestionó la designación de administradores sin su autorización y advirtió que podía desplazar a quienes no cumplieran sus instrucciones.
Para la acusación, esas comunicaciones son relevantes porque permitirían demostrar que el empresario seguía participando activamente en la administración de bienes que estaban bajo la órbita de la Justicia.
Alquileres millonarios y la sombra del narcotráfico
La investigación patrimonial abarca otros establecimientos y propiedades vinculados con Báez, entre ellos la estancia Alquinta y departamentos en la calle Zapiola, en Río Gallegos.
Una de las planillas de la causa identifica a distintos arrendatarios y registra contratos con pagos mensuales millonarios, acuerdos anuales y hasta contraprestaciones en animales.
Entre los ejemplos aparece la estancia Coronel Guarumba, con un importe de $5 millones mensuales durante el primer año, mientras que para La Santafesina y la sección La Ana figura un canon de $4.088.500. Para La Verdadera Argentina, la planilla consigna un pago anual aproximado de $80 millones, sujeto al valor del kilo de cordero.
Se trata de importes registrados en la documentación investigada, que no necesariamente equivalen a dinero efectivamente cobrado.
Además de las imágenes de los animales, Ibáñez compartió en TikTok videos grabados en otra de las propiedades vinculadas con Báez, que muestran su presencia en distintos inmuebles del empresario.
En paralelo, la Justicia investiga la posible utilización de camiones y maquinaria de empresas vinculadas con Báez en operaciones bajo sospecha. El expediente patrimonial se relaciona con otra investigación sobre una presunta organización dedicada al transporte de cocaína mediante camiones en Santa Cruz. En esa causa aparece señalado Ibáñez, cuya participación en ambas estructuras es uno de los puntos que intentan esclarecer los fiscales.
Los investigadores también analizan movimientos de vehículos y documentación relacionada con Kank y Costilla S.A., otra firma vinculada al entramado empresarial de Báez. La pesquisa derivó en 27 allanamientos en Santa Cruz y Buenos Aires, además del secuestro de vehículos, documentación, armas y estupefacientes.
Báez cumple una condena unificada de 15 años de prisión por las causas Ruta del Dinero K y Vialidad. La Justicia busca determinar si, pese a encontrarse detenido, continuó explotando económicamente sus propiedades mediante una red de colaboradores que ejecutaban sus instrucciones.