Desde la cárcel dirigían una banda de cocaína: lo que encontraron en el allanamiento
Dos presos dirigían desde la cárcel una red de venta de cocaína. ¿Quiénes eran los que ejecutaban las órdenes y qué cantidad de droga se incautó?
El juez federal Guillermo Molinari, con dictamen favorable del fiscal Pedro Simón, dispuso el procesamiento con prisión preventiva de seis personas acusadas de integrar una banda dedicada a la venta de cocaína a gran escala, en el marco de un procedimiento realizado el pasado 26 de abril.
Dos internos de la Unidad 35 de Colonia Pinto actuaban como “estrategas y directores” desde sus celdas. Se trata de Raúl Alejandro Toledo y Maximiliano Ramón Pericón, quienes, según la investigación judicial, coordinaban las operaciones desde su lugar de detención.
¿Quiénes conformaban el brazo operativo?
De acuerdo con lo establecido en la causa, el brazo operativo de la estructura estaba conformado por sus parejas, María Rita Silva y Diana Beatriz Domínguez, junto a Dahiana del Carmen Córdoba y el remisero Alberto Felipe Mendieta.
Durante el operativo, efectivos de Gendarmería Nacional realizaron un allanamiento en una vivienda del barrio Avenida, donde se secuestraron 14,682 gramos de cocaína. En el mismo contexto, fueron detenidos Córdoba y Mendieta, a quienes se les incautaron otros 780 gramos de la sustancia.
Las imputaciones y los embargos
En su resolución, el magistrado procesó a Silva, Domínguez, Toledo y Pericón por el delito de comercio de estupefacientes. En el caso de Silva, se agregó además el cargo de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización en concurso real. Por su parte, Córdoba y Mendieta fueron procesados por transporte de estupefacientes.
Asimismo, el juez ordenó el embargo preventivo de bienes de todos los imputados por un monto de $10.000.000 cada uno, con el objetivo de garantizar eventuales responsabilidades económicas derivadas del proceso.
El pedido de arresto domiciliario
En paralelo, la defensa de Diana Beatriz Domínguez, a cargo del abogado Sergio Crespín, presentó un pedido de arresto domiciliario, argumentando la situación familiar de la imputada. El planteo fue acompañado por informes vinculados al desarraigo y la distancia respecto de su núcleo familiar.
