Desde la cárcel estafaban a jueces con un simple teléfono: la medida extrema que ahora autorizó el Gobierno
¿Cómo lograban presos estafar a jueces desde detrás de las rejas? Los detalles de la banda del ‘call center carcelario’ y la tecnología que ahora buscará ponerle freno a un negocio millonario.
Una organización de presos usaba celulares para cometer estafas desde una unidad penal, llegando incluso a engañar a magistrados. Ante este escenario, el Gobierno nacional autorizó este lunes la instalación de tecnología para detectar y bloquear dispositivos móviles dentro de cárceles federales, con el objetivo de cortar una herramienta clave del crimen organizado.
La resolución fue firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y se formalizó mediante la Resolución 336/2026, publicada en el Boletín Oficial. El texto advierte sobre la necesidad de “impedir que las organizaciones criminales con miembros alojados en establecimientos penitenciarios federales utilicen dispositivos de comunicación móvil para planificar y coordinar maniobras ilícitas”.
El problema no es nuevo. En los últimos años, distintas investigaciones judiciales detectaron maniobras organizadas desde cárceles. Uno de los casos más resonantes fue el de la banda del “call center carcelario”, integrada por presos que, desde la Unidad Penal N° 35 de Magdalena, llegó a estafar a jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de San Isidro.
¿En qué consiste la nueva tecnología?
A diferencia de intentos anteriores, la nueva herramienta busca ser más precisa. No se trata de bloquear toda la señal —como ocurría con los viejos inhibidores—, sino de detectar los teléfonos en uso dentro de la cárcel y bloquearlos de manera puntual. Este punto es clave, ya que uno de los principales problemas de los sistemas anteriores era que afectaban también a las zonas cercanas a los penales. Ahora, la idea es que el bloqueo quede limitado al interior de los establecimientos.
Según establece la normativa, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) podrá instalar sistemas capaces de identificar celulares activos dentro de los penales y anular su funcionamiento. La medida se apoya en un marco legal ya vigente: la ley 24.660 permite a las personas detenidas comunicarse con familiares, abogados o allegados, pero prohíbe el uso de teléfonos celulares.
Un problema de larga data
Hasta ahora, los controles habían tenido resultados irregulares. Si bien hay secuestros frecuentes de teléfonos dentro de las cárceles, el problema nunca logró resolverse del todo. En algunos casos, los dispositivos se convierten en la herramienta clave para seguir delinquiendo, como quedó registrado en audios donde un preso decía: “Paseme el código, quédese tranquilo”.
La resolución también instruye a las áreas técnicas del Ministerio a avanzar con la compra, instalación y mantenimiento de estos sistemas. Además, se aprobó un “Manual de Procedimiento para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios Federales”, que fija las pautas acerca de cómo se aplicará la tecnología.
La implementación no será inmediata ni automática. Detectar un dispositivo, identificarlo y bloquearlo implica un proceso técnico que requiere seguimiento constante.
Iniciativas en paralelo
En sintonía con esta decisión, el bloque de HECHOS impulsó la iniciativa en la Legislatura bonaerense para evitar el uso de los dispositivos en las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense. Según los legisladores, la medida busca restablecer el orden jurídico considerando que la excepción implementada durante la emergencia sanitaria del COVID-19 se prolongó más allá de su justificación inicial.
