Desde la celda a la estafa: el “call center” delictivo que operaba desde una cárcel y tuvo a dos jueces entre sus blancos

La justicia investiga a un grupo de internos de un penal bonaerense acusados de dirigir una red de estafas telefónicas desde su propia celda. La trama salió a la luz cuando dos jueces de San Isidro fueron víctimas de los engaños, lo que aceleró la pesquisa y terminó con un allanamiento dentro de la Unidad 35 de Magdalena.

El magistrado Luis Cayetano Cayuela, de 80 años, recibió una llamada sospechosa en su domicilio el 19 de febrero. Los estafadores, haciéndose pasar por empleados de empresas, lograron vulnerar su cuenta de WhatsApp. Una vez que tomaron el control, comenzaron a contactar a sus allegados para solicitarles dinero, utilizando una modalidad que se ha vuelto tristemente común.

¿Cómo intentaron engañar al segundo juez?

Solo una semana después, el 26 de febrero, los delincuentes probaron suerte con otro objetivo de alto perfil: el juez Juan Eduardo Stepaniuc, de 74 años. Sin embargo, en esta ocasión el plan fracasó. Stepaniuc logró detectar la maniobra a tiempo y realizó la denuncia de forma inmediata. Esta rápida acción judicial resultó fundamental para que las investigaciones tomaran un rumbo concreto y se pudieran identificar a los sospechosos.

La causa está a cargo del fiscal Patricio Ferrari, con el apoyo operativo de la División de Delitos Informáticos (DDI) de San Isidro. El trabajo de rastreo permitió señalar a tres reclusos como los presuntos autores materiales de las estafas. Se trata de Nicolás Giménez (26), Juan Manuel Acuña (32) y Facundo Ponce (28), quienes ya fueron formalmente imputados por su participación en los hechos.

El allanamiento que reveló la operación clandestina

Para recolectar pruebas, las fuerzas de seguridad procedieron a un allanamiento dentro del propio establecimiento carcelario. La intervención se concentró en la celda número 3 del pabellón 7 de la Unidad Penitenciaria N° 35. Allí, los efectivos secuestraron el instrumental clave de la estafa: al menos seis teléfonos celulares, cargadores y varias tarjetas SIM.

Según la investigación, Nicolás Giménez actuaría como el cabecilla de la organización delictiva intramuros. Giménez no es nuevo en el sistema, ya que acumula antecedentes que le valieron una condena de aproximadamente 14 años de prisión por robos agravados. Su liderazgo dentro del penal habría sido crucial para montar la logística del “call center” ilegal.

Un penal con antecedentes de delitos organizados

Este nuevo episodio vuelve a colocar a la Unidad de Magdalena en el centro de la polémica. No es la primera vez que desde sus pabellones se organizan actividades delictivas que trascienden los muros. Entre los casos más graves que se investigan, se encuentra la posible autoría de llamadas extorsivas vinculadas al trágico suicidio de Rodrigo Gómez, el soldado de 21 años que se quitó la vida mientras cumplía funciones en la Quinta de Olivos.

Además, en las últimas semanas ya se habían detectado otras estafas con presunto origen en este mismo penal. Entre ellas, se destacan engaños relacionados con falsos alquileres de departamentos en la Costa Atlántica. Estos antecedentes refuerzan la hipótesis de los investigadores sobre la existencia de redes delictivas activas y operativas dentro del sistema penitenciario, capaces de dirigir fraudes a distancia con impunidad.