Desde una cárcel de Jujuy, se hacían pasar por Rosatti y las familias caían: la cifra que pedían

El juez federal Julián Ercolini procesó con prisión preventiva a cuatro presos acusados de montar una organización que suplantaba la identidad del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para estafar y extorsionar a familiares de detenidos. Según la investigación, los acusados operaban con celulares desde una cárcel de Jujuy y exigían dinero a cambio de gestionar la libertad de los presos.

La causa alcanzó a Cristian Mariano Ariel Acho, Sebastián Ariel López, Walter Rodrigo Vargas y Ramón Atilio Ríos. Ercolini los procesó como presuntos coautores de asociación ilícita, estafa, extorsión y usurpación de autoridad.

El modus operandi: de la cárcel a las familias

La maniobra arrancaba con llamados a dependencias policiales, penitenciarias y de fuerzas de seguridad. Del otro lado del teléfono, los acusados se presentaban como Rosatti y pedían información sobre personas arrestadas.

Con esos datos en mano, contactaban a los allegados de los detenidos y les solicitaban transferencias por supuestas fianzas, cauciones o trámites judiciales. El fallo ubicó la actividad de la banda al menos entre noviembre de 2024 y el 30 de octubre de 2025, con base en el Establecimiento Penitenciario N.º 7 de Jujuy, en el barrio Alto Comedero de la capital provincial.

Para dar credibilidad a los llamados, los imputados habrían usado perfiles de WhatsApp con fotografías de Rosatti, imágenes del Palacio de Tribunales y referencias a la Corte Suprema. También presentaban sus líneas telefónicas como supuestos contactos institucionales.

Ante los agentes que atendían las comunicaciones, justificaban los pedidos de información como parte de las funciones de la máxima autoridad del tribunal. Después, esa información les permitía dirigirse a las familias con datos concretos sobre sus allegados detenidos.

El circuito incluía múltiples teléfonos, tarjetas SIM, recargas virtuales, cuentas bancarias y billeteras digitales. Según el expediente, esos recursos eran utilizados para sostener las comunicaciones y recibir el dinero exigido.

La operatoria también incluía falsos premios. En esos casos, simulaban representar a empresas privadas y anunciaban la adjudicación de dinero, vehículos o electrodomésticos, pero condicionaban la entrega a transferencias por supuestos gastos de gestión.

El llamado que encendió la alarma

La causa comenzó el 25 de noviembre de 2024, cuando un hombre llamó al Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal y se presentó como “el doctor Horacio Rosatti, jefe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

El interlocutor pidió un listado actualizado de personas alojadas en dependencias policiales con el argumento de realizar un relevamiento vinculado con los derechos humanos. Los investigadores determinaron que la comunicación había salido de la cárcel jujeña.

Las tareas posteriores, que incluyeron escuchas telefónicas, permitieron reconstruir el funcionamiento del grupo. En una conversación con una mujer, uno de los presos describió cómo obtenían los contactos de las familias y les ofrecían una falsa salida judicial.

“La fianza es un millón de pesos”, relató al explicar el discurso que utilizaban. También señaló que entregaban el CBU de una “cuenta fantasma” presentada como si perteneciera al Poder Judicial. Para el juzgado, esos intercambios resultaron relevantes porque los propios involucrados describían las maniobras y se referían a ellas como un “trabajo”.

Requisas y maniobras para borrar rastros

El expediente también incorporó comunicaciones realizadas durante las requisas del Servicio Penitenciario. Según la investigación, los acusados se alertaban entre sí y contactaban a familiares para hacer desaparecer pruebas y trasladar fondos a otras billeteras virtuales.

“Estamos con toda la federal acá, nos están haciendo requisa. Señora, por las dudas, saque todo de ahí”, se escuchó en uno de esos intercambios.

La resolución destacó que la actividad continuó incluso después de los procedimientos de diciembre de 2024, cuando se secuestró el teléfono utilizado para efectuar la primera llamada que originó la causa. A lo largo de la investigación se detectaron decenas de comunicaciones a reparticiones policiales de todo el país.

En sus indagatorias, varios de los acusados negaron su participación y argumentaron que los teléfonos también eran utilizados por otros internos. Aunque el uso compartido de los dispositivos fue corroborado, Ercolini consideró que el resto de las pruebas permitía sostener las imputaciones. El magistrado señaló que la utilización deliberada del nombre, la imagen y el cargo de Rosatti, junto con las explicaciones ofrecidas para justificar los pedidos, mostraba que los involucrados conocían que se atribuían una autoridad que no tenían.

Los cuatro procesados ya cumplían condenas por otros delitos. Acho tiene una pena de cinco años y cinco meses por robo agravado con armas; López, de seis años y medio por tentativa de homicidio, extorsión e intento de robo en poblado y en banda; y Vargas, de 13 años por homicidio. Ríos fue condenado por distintos robos. Acho y Ríos fueron declarados reincidentes.