Desde una celda en Mendoza: la trama de extorsión que usó un falso suicidio para aterrorizar a una víctima

La Policía Federal desarticuló una banda de extorsión cuyo líder operaba desde una cárcel de Mendoza y logró sustraer dos millones de pesos a un hombre de Cholila, Chubut. La investigación reveló un macabro operativo que incluyó perfiles falsos, la simulación de una muerte y amenazas de supuestos fiscales.

Todo comenzó en noviembre de 2025, cuando el damnificado radicó la denuncia que puso en marcha la pesquisa. El caso quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal, bajo la conducción del fiscal Carlos Díaz Mayer.

¿Cómo comenzó el engaño?

Según el relato de la víctima ante las autoridades, el contacto inicial se produjo en Facebook. Una mujer que se presentó como “Carla” estableció comunicación con él.

De acuerdo con información publicada por el medio Los Andes, tras esa primera charla, ambos decidieron intercambiar números de teléfono y continuar la conversación a través de WhatsApp.

En el marco de ese intercambio, el denunciante aseguró que llegaron a enviarse fotografías de contenido sexual. Sin embargo, la dinámica virtual dio un giro abrupto cuando la supuesta Carla le confesó que en realidad era menor de edad.

La escalada de las amenazas

Luego de esa revelación, el contacto cesó por un tiempo. Pero poco después, el hombre recibió un nuevo mensaje de otra persona: un hombre que le exigió dinero a cambio de no denunciarlo.

Según consta en el expediente, este nuevo interlocutor aseguró ser el padre de la adolescente. En un primer momento, la víctima se resistió a realizar cualquier pago.

La presión aumentó de manera escalofriante cuando los estafadores simularon el suicidio de la joven y le enviaron, incluso, un acta de defunción falsa.

La maniobra de intimidación incluyó el uso de distintos documentos apócrifos. Además de la presunta partida de defunción, fabricaron una denuncia por ciberacoso en su contra.

El denunciante también afirmó haber recibido mensajes de supuestos abogados y fiscales que reforzaban la amenaza, creando una fachada de legitimidad judicial para la extorsión.

La investigación que llevó hasta la cárcel

Los investigadores del caso analizaron las conexiones utilizadas por la cuenta de la supuesta menor. Este rastreo tecnológico les permitió identificar los lugares desde donde se había operado y solicitar una serie de allanamientos.

En ese marco, determinaron que el principal responsable sería un interno alojado en la cárcel de Almafuerte, señalado como el “cerebro” de toda la estafa.

Si bien el preso habría sido quien ideó el plan y recibió el dinero denunciado, los investigadores también establecieron vínculos con sus cómplices en libertad. Estos operaban desde una vivienda ubicada en el barrio La Gloria, en Godoy Cruz, y habrían percibido los fondos una vez concretada la extorsión.

Durante los procedimientos de allanamiento, los agentes federales secuestraron teléfonos celulares y distintos soportes informáticos. Esos elementos serán ahora analizados en profundidad para determinar si esta organización tiene más víctimas en el país.