Desfalco en Fürth Automotores: cómo habrían vaciado los depósitos de la concesionaria

La Policía de Santiago del Estero detuvo este sábado al tucumano Gerardo Caro, exgerente general de Fürth Automotores S.A., en el marco de la investigación por el millonario desfalco que sacudió a la concesionaria. El empresario fue capturado durante un allanamiento en un inmueble del barrio Santa Clara, en la ciudad de La Banda, por orden del juez de Control y Garantías Sergio Guillet, a pedido de la fiscal Victoria Ledesma.

Con la detención de Caro, la causa ya suma tres exintegrantes de alto rango de la concesionaria detenidos. Los otros dos son el exjefe de Ventas, Matías Lladó, y la excajera de la sucursal central de calle Libertad, Graciela Moyano.

La captura del exgerente representa un giro importante en la investigación. Caro, oriundo de Tafí Viejo y radicado desde hace unos 20 años en Santiago del Estero, había sido quien denunció inicialmente el descalabro financiero de la empresa el pasado 15 de julio. En aquel momento, el faltante había sido atribuido inicialmente a un supuesto "estrés por bajas ventas".

Hasta este sábado, Caro había logrado evitar la prisión preventiva. La jueza Carolina Salas había rechazado un primer pedido de captura presentado por la Fiscalía y, posteriormente, la jueza María del Huerto Bravo Suárez también había desestimado un segundo intento de arresto.

El exgerente había argumentado que tenía arraigo en la provincia y que había entregado documentación y elementos de prueba de manera voluntaria. Su defensa, encabezada por Carla Morales Saad, sostenía además que no existían motivos para considerar que pudiera fugarse.

Sin embargo, el avance de la querella particular, representada por Marcelo Sgoifo, junto con auditorías externas, documentación vinculada a las facultades para mover fondos y nuevas declaraciones testimoniales, derivó en la decisión del juez Guillet de ordenar su detención.

¿Cómo se habría concretado el desfalco?

La investigación comenzó a partir de maniobras estimadas inicialmente en unos $ 300 millones, pero el monto del perjuicio creció de manera considerable. En una ampliación de la denuncia, el propio Caro había calculado que el desfalco global podía rondar los $ 5.600 millones, con cientos de clientes particulares y agencieros afectados.

Entre las principales irregularidades que analiza la Justicia aparecen las inconsistencias en el stock de vehículos. Mientras el sistema informático de la concesionaria registraba unos 700 autos 0 km disponibles, los controles físicos encontraron depósitos prácticamente vacíos.

Además, un contador de la empresa declaró bajo acta notarial que Lladó le habría ofrecido dinero en efectivo para incorporar vehículos de manera ficticia al sistema.

Otro elemento de peso son las cámaras de seguridad secuestradas durante la investigación. Según surge del expediente, las imágenes registraron a clientes entregando importantes sumas de dinero por vehículos —entre ellas pagos de $ 40 millones y $ 21 millones por camionetas Volkswagen Amarok— que posteriormente no habrían sido ingresadas a la contabilidad oficial.

También se acumularon denuncias de clientes que aseguraron haber pagado la totalidad de sus vehículos sin recibirlos. En otros casos, aparecieron unidades registradas en distintas localidades a nombre de terceros y con documentación que habría sido adulterada.

La versión de Caro y la de la empresa

Antes de quedar detenido, Caro había apuntado contra la cúpula de la concesionaria y había reclamado que se investigara una presunta connivencia entre el exjefe de Ventas Matías Lladó, su tío José Figueroa —accionista mayoritario de la empresa— y el presidente del directorio, Juan Carlos Ianuzzi.

Incluso había relacionado el faltante de dinero con presuntas operaciones vinculadas a la compra de ingenios en Tucumán. "Quieren utilizarme como un chivo expiatorio de un desfalco millonario", había sostenido.

La defensa de Lladó, encabezada por Miguel Torres, y la querella de la propia empresa plantearon una versión diferente. Según esa postura, Caro era la máxima autoridad operativa de la concesionaria y el único autorizado para liberar fondos, por lo que cuestionaron su responsabilidad en las maniobras investigadas y deslizaron sospechas sobre su nivel de vida y la adquisición de caballos de alto valor.

Ahora, Gerardo Caro será trasladado a los tribunales de Santiago del Estero, donde deberá ser indagado formalmente por la fiscal Victoria Ledesma. La causa está caratulada como supuesta estafa reiterada y asociación ilícita y busca determinar cómo se concretaron las maniobras, quiénes participaron y cuál fue el destino final de los millones de pesos involucrados.