Desmantelan una red de explotación sexual en un boliche de Recoleta: nueve procesados y un embargo millonario

La Justicia Federal de la Capital Federal desmanteló una sofisticada red de trata y explotación sexual que operaba bajo la fachada de un exclusivo boliche en el barrio de Recoleta. Nueve hombres fueron procesados por explotar a 50 mujeres, incluidas dos menores, en un sistema de control y abuso que movilizó miles de millones de pesos. El operativo judicial, que incluyó un embargo por 7.800 millones de pesos, destapó el modus operandi de un local que prometía “presencias” pero escondía una realidad de sometimiento.

La fachada perfecta: un boliche exclusivo frente al cementerio

El local, denominado D’Lirio y ubicado en Vicente López 2134, frente al Cementerio de la Recoleta, se presentaba como un boliche de alta gama solo para hombres. Sin embargo, tras una investigación iniciada en abril de 2022 por una denuncia anónima a la Línea 145, se descubrió que era un centro clandestino de explotación sexual. La denuncia alertaba específicamente sobre la presencia de menores, venta de drogas y una posible connivencia policial.

El juez federal Sebastián Casanello, a pedido de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12 a cargo de Alejandra Mángano y con apoyo de la PROTEX, ordenó el allanamiento del lugar el 9 de julio del año pasado. Allí se identificó a 50 mujeres víctimas del sistema, de las cuales 43 fueron registradas en el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento.

Un sistema de engaño y control absoluto

Las mujeres eran reclutadas principalmente a través de redes sociales con ofertas engañosas de trabajo como “presencias” o para promover el consumo de copas. Una vez dentro, su función era acompañar a los clientes, conversar, bailar y alentar el consumo de bebidas alcohólicas. El pago que recibían era ínfimo: entre 7.000 y 20.000 pesos por noche, sin porcentaje por las copas vendidas, y se les descontaba si llegaban tarde o se retiraban antes de las 6 de la mañana.

El control era extremo. Personal de seguridad y caja registraba cada ingreso y egreso, y el pago se realizaba siempre en efectivo al final de la jornada. La investigación reveló que muchas eran forzadas a aceptar “pases” o encuentros sexuales con clientes en hoteles de la zona, por montos entre 150 y 500 dólares, del cual los explotadores se quedaban con al menos 100 dólares. Este ingreso extra era, para muchas, la única forma de cubrir sus gastos básicos, ya que el pago base apenas alcanzaba para el transporte.

La estructura jerárquica detrás de la pantalla legal

La organización operaba bajo la cobertura de la sociedad comercial Gran Recoleta S.A., la cual fue utilizada para obtener habilitaciones municipales y encubrir la actividad ilegal. El juez Casanello destacó que esta pantalla de legalidad era crucial para que las mujeres aceptaran las condiciones de abuso.

La estructura era piramidal y bien definida. Tres de los imputados (uno fallecido el año pasado) estaban a cargo de la dirección general. Otros se especializaban en tareas específicas: uno en contactar y entrevistar a las mujeres, otro en la administración y reclutamiento, un tercero en la gestión de redes sociales para captar víctimas, y otro en las reservas y el registro de ganancias. Cuatro acusados más cumplían roles operativos en la administración diaria, el registro de ingresos y la logística.

Un grupo aparte, conocido como “los públicas”, se dedicaba exclusivamente a la captación de nuevas mujeres, muchas veces a través de recomendaciones o clientes de otros boliches. El local incluso contaba con “bailarinas” que realizaban shows sensuales sobre las mesas por un pago fijo y propinas.

Fallos judiciales y vínculos con un caso anterior

El magistrado procesó a cinco de los acusados como coautores del delito de trata de personas agravado por la existencia de víctimas menores de edad. Los cuatro restantes fueron imputados como partícipes necesarios. Aunque no se decretó la prisión preventiva, se les impusieron medidas restrictivas severas: embargo por 7.800 millones de pesos, inhibición general de los bienes de la empresa Gran Recoleta S.A., prohibición de salida del país y de acercamiento a las víctimas.

La investigación también descubrió un vínculo alarmante con un caso anterior. El prostíbulo D’Lirio era, en realidad, la continuación del antiguo local Madaho’s, que ya había sido desbaratado por delitos de trata y explotación sexual. El análisis de los movimientos bancarios de la sociedad comercial reveló operaciones por aproximadamente 1.500 millones de pesos entre 2021 y 2025.

En su resolución, el juez Casanello fue contundente: el local “funcionó como prostíbulo y constituyó un espacio de explotación sexual clandestina”, donde se aprovechó sistemáticamente la vulnerabilidad de las mujeres para obtener un lucro económico millonario.