Despedidos en Jujuy: no pudieron cobrar el seguro de desempleo por un dato que apareció en ANSES

Un grupo de ex trabajadores de la empresa de transporte urbano Santa Ana denunció penalmente a la firma después de descubrir que figuraban registros falsos de cobros de indemnizaciones millonarias que nunca recibieron, según confirmó el abogado de los choferes, Carlos Espada, en diálogo con Radio 2.

El conflicto salió a la luz cuando los trabajadores, tras ser despedidos, fueron a las oficinas de la ANSES para tramitar el fondo de desempleo y se encontraron con que no podían acceder al beneficio. En los registros aparecían como si ya hubieran cobrado indemnizaciones millonarias.

“Se presentaron a realizar este trámite previsional, les dicen que no podían acceder a dicho trámite porque figuraba dentro de los registros de los trabajadores que ellos habían cobrado indemnizaciones millonarias. Ellos dijeron: 'Nosotros no hemos cobrado absolutamente nada'”, relató Espada.

La investigación en la Justicia Federal

La denuncia inicial se radicó en el Ministerio Público de la Acusación provincial, pero fue derivada al fuero federal por tratarse de un presunto delito contra la administración pública nacional. El caso involucra declaraciones juradas con información inexacta vinculada a organismos como ARCA y ANSES.

En los últimos días, representantes de la querella se reunieron con la Secretaría de la Fiscalía Federal, donde se confirmó que la investigación avanza. “Uno de los primeros pasos era levantar el secreto fiscal a fin de poder obtener toda la información respecto de los trabajadores. Se está avanzando con la investigación, de que se iba a pedir el levantamiento del secreto fiscal a los fines de realmente poder investigar si existe alguna conducta reprochable desde el punto de vista penal”, señaló Espada.

Se espera que en un plazo aproximado de una a dos semanas, con la recopilación de los datos fiscales y bancarios, se pueda constatar la inexistencia de transferencias o depósitos a los CBU de los damnificados. Eso consolidaría la hipótesis de fraude ante la administración pública.

El contraste con la causa provincial por amenazas

Mientras el proceso federal muestra dinamismo, la situación en la justicia local es desalentadora. Antes de los despidos, los operarios habían reclamado formalmente por diferencias salariales y fueron convocados a una reunión donde habrían sido amenazados por la gerencia para que desistieran del reclamo. La secuencia quedó registrada en audio.

Pese a haber presentado esa prueba sobre el delito de amenazas coactivas, la defensa denunció un absoluto silencio y falta de respuestas por parte de los organismos de la provincia. “Totalmente lo contrario respecto a lo que sucede en la justicia provincial con el delito de amenaza que yo recién había comentado, que hace un tiempo largo que tenemos un absoluto silencio”, cerró el letrado.