Despidieron a cinco empleados y ahora la Justicia los ampara: el municipio deberá pagar una fortuna

El Concejo Deliberante de Yuto aprobó por unanimidad una ordenanza que exige al Ejecutivo municipal cumplir una sentencia judicial firme: reincorporar a cinco trabajadores despedidos en diciembre de 2023 y pagarles todos los salarios caídos. La medida, que contó con respaldo de todos los bloques, deja al descubierto un conflicto que amenaza con vaciar las arcas municipales.

Según informó InfoYungas, la decisión legislativa busca destrabar una situación que mantiene en vilo a las familias afectadas y enciende alarmas por el impacto económico que podría tener el fallo. Los empleados, que fueron separados de sus cargos mediante un DNU bajo el argumento de falta de presupuesto, ya habían agotado todas las instancias judiciales sin ser restituidos.

El dramático relato de una de las afectadas

Jaquelina Marisa Herrera, una de las trabajadoras alcanzadas por la medida, contó las consecuencias que tuvo su despido. En una nota presentada ante el municipio, informó que su hija es insulino dependiente y diabética desde los 10 años. Quedarse sin empleo significó también perder la obra social y, con ella, el acceso a los tratamientos de su hija.

“Yo presenté una nota explicando que tengo una hija desde los 10 años insulino dependiente, diabética. Al dejarme sin obra social, le quitan a mi hija el derecho a sus tratamientos. No recibí respuesta”, manifestó Herrera, quien también relató el caso de otra compañera que, en 2024, sufrió un pico de estrés por el conflicto y luego fue diagnosticada con cáncer de mama nivel 3. “Nuestro abogado presentó todos los certificados médicos, pero nunca hubo respuesta del Intendente”, aseguró.

El fallo que no se cumple

Los trabajadores iniciaron acciones legales con el patrocinio del Dr. Hernán Rosa Larrieu. La Justicia les dio la razón en todas las instancias y la sentencia ya está firme. El juez ordenó la restitución en los cargos y el pago de los haberes adeudados, pero la medida sigue sin ejecutarse.

“La sentencia es firme. El juez ordena que se nos restituya en nuestros cargos y se nos paguen los haberes. Estamos en etapa de ejecución y seguimos sin ser notificadas”, sostuvo Herrera, visiblemente afectada por la demora.

Un Concejo unido, pero con dudas en el oficialismo

El concejal Emanuel Guzmán, de Jujuy Avanza, explicó que la ordenanza busca notificar al Ejecutivo sobre la obligación de cumplir el fallo. “Trabajadores que estaban en regla, cumplieron con la ley, iniciaron su juicio con pruebas fehacientes. La sentencia es firme y ordena devolverles el trabajo”, afirmó.

Guzmán remarcó el respaldo unánime de todos los concejales: “Cuando es en beneficio de la gente, en el Concejo de Yuto no hay bandera política. Todos somos un solo equipo”. Y advirtió que si el intendente David Abraham no cumple, “haremos las reiteraciones que correspondan”.

Sin embargo, desde el oficialismo también surgen voces de alerta. El concejal Claudio Rodríguez, que ingresó al cuerpo en mayo de 2025 por el espacio del intendente, reconoció que no están informados con lujo de detalle sobre el impacto financiero. “Este juicio siempre, si salía en contra del municipio, lo iba a pagar el pueblo. En vez de analizar un presupuesto para obras, vamos a analizar uno para pagar abogados y salarios caídos. Es mucha plata. Desde que asumí dije: si ganan los trabajadores, vamos a tener que rematar el municipio”, expresó.

Rodríguez también mencionó que existen otros trabajadores con causas judiciales contra el municipio, como la exconcejala Laura Torres, que reclama haberes desde marzo de 2024.

¿Incumplimiento judicial en puerta?

Para Rodríguez, el primer incumplimiento ya se está produciendo al no concretarse la reincorporación. “El primer incumplimiento ya se está haciendo: no cumplir lo que ordena el juez. La incorporación inmediata y el pago. Vamos a tener que analizar entre los pares qué medidas tomar. Se abre un panorama muy grande”, sostuvo.

Mientras la sentencia sigue en etapa de ejecución, los cinco trabajadores esperan recuperar sus puestos y cobrar lo adeudado. La ordenanza aprobada por unanimidad vuelve a poner el conflicto laboral en el centro de la escena política de Yuto, con una doble preocupación: el cumplimiento de la ley y el riesgo económico para las finanzas municipales.