Después de 39 meses sin avances, por fin llaman a indagatoria a dos ex jefes militares por el crimen de Pablo Córdoba

Este martes 1 de septiembre se cumplieron 39 meses de la muerte de Pablo Córdoba, el soldado voluntario hallado con dos balazos en la cabeza cuando cumplía guardia en el Grupo de Artillería 16 de Zapala. En ese marco, su madre, Natalia Uribe, anunció que dos ex jefes militares serán indagados en la causa que investiga el asesinato.

«Después de mucha lucha, de insistir, de preguntar, de reclamar y de no permitir que el nombre de Pablo quedara perdido en un expediente, el 9 de septiembre se indagará a dos personas que, para nosotros, debieron ser llamadas a responder mucho antes», indicó Uribe a través de sus redes sociales.

Córdoba fue encontrado la madrugada del 1 de junio de 2023, cuando estaba por terminar su guardia en el mismo grupo de artillería donde en marzo de 1994 asesinaron a Omar Carrasco. La causa está caratulada como «homicidio» y las pruebas científicas demostrarían la participación de terceras personas, aunque a más de tres años del caso aún no hay sospechosos.

«Durante 39 meses hemos tenido que insistir para que Pablo no sea olvidado. Durante 39 meses hemos tenido que golpear puertas para que una investigación avance. Pero nosotros seguimos acá. Y vamos a seguir. Porque el tiempo no borra las responsabilidades. El tiempo no convierte las omisiones en algo menor. El tiempo no hace desaparecer las preguntas. Y mucho menos hace desaparecer a Pablo», sentenció.

Quiénes son los dos ex jefes militares que irán a indagatoria

Se trata del teniente coronel Isidro Germán Green y del teniente coronel Rafael Enrique Lamas, ambos imputados por presunto encubrimiento en junio de 2024. Green era jefe del Grupo de Artillería 16 de Zapala y fue quien llamó a la Policía Federal el 1 de junio de 2023 a las 7:10 para informar que un soldado «se habría quitado la vida». Lamas, en tanto, estaba al frente de la Base de Apoyo Logístico de la ciudad y era superior jerárquico del padre de Pablo, el suboficial principal Juan José Córdoba Salto.

Por su carácter de jefes, les pidieron que aportaran las cámaras de vigilancia del cuartel. Demoraron la respuesta, el pedido se reiteró y recién ahí aparecieron, pero el resultado fue negativo: no habían registrado nada que sirviera para esclarecer el crimen.

«La investigación sostiene que ambos conocían la existencia de las cámaras de seguridad y que conocían también el tiempo limitado durante el cual las imágenes permanecían almacenadas. Sin embargo, las grabaciones correspondientes al período que interesaba investigar terminaron perdiéndose por sobregrabación», apuntó Uribe en Facebook.

A Lamas lo trasladaron a Neuquén poco después de la muerte de Pablo. Fue uno de los que visitó a los padres del soldado junto con el general Hugo Tabbia y el coronel Gustavo Francisco Chimeno, en lo que la familia consideró «un acto intimidatorio». A Green le dieron el pase a fin del año pasado. Además, hubo una orden para impedir que Juan José Córdoba Salto se acercara al acto de despedida.

La crítica de Uribe al juez Greca

El 20 de marzo de 2025, el juez federal de Roca, Hugo Horacio Greca, terminó su subrogancia en el juzgado federal de Zapala y dejó la investigación luego de 21 meses en los que cosechó denuncias de la familia, críticas de la fiscalía y de la querella. Durante su gestión no encontró ninguna pista sobre los autores del crimen. En su reemplazo asumió el juez Ezequiel Humberto Andreani.

«Si hablamos de responsabilidades, también queremos saber qué responsabilidad tuvo y qué hizo —o qué dejó de hacer— cada funcionario que intervino en esta historia. También esperamos algún día poder escuchar al juez Hugo Horacio Greca y obtener respuestas sobre su actuación en esta causa. Porque la Justicia que reclamamos no puede mirar solamente hacia un lado. Queremos saber qué hicieron quienes tenían responsabilidades. Queremos saber qué dejaron de hacer y sobre todo, saber por qué. Y queremos que cada uno responda por el lugar que ocupó y por las decisiones que tomó», destacó.

El excompañero que grabó y borró el video

El primer movimiento relevante del expediente tras el cambio de juez fue citar a indagatoria al exsoldado Braian Abel Jara, excompañero de Córdoba que lo vio con dos disparos en la cabeza y lo filmó, aunque después eliminó el video. Uribe contó a Diario RÍO NEGRO que Jara fue citado por falso testimonio, pero recordó que antes lo habían imputado por encubrimiento y que, por una mala formulación, quedó sobreseído.

Jara llegó primero al lugar cuando se escucharon los balazos y filmó a Pablo agonizando. Compartió ese video con varias personas, pero nadie lo entregó a los investigadores. Él lo borró y argumentó que perdió el teléfono o se lo robaron. Pese a las contradicciones, el juez Greca decidió no secuestrárselo.

«Las pocas veces que me lo crucé en Zapala se me rió en la cara», dijo Natalia en su momento. Sobre la falta de avances en esa línea, agregó: «Es desesperante, es una burla. Se van a cumplir 3 años y seguimos dando vueltas con un perejil. Todavía no me dicen quién mató a mi hijo».

Qué se sabe del asesinato

Según la investigación del periodista Guillermo Berto para Diario RÍO NEGRO, Pablo cumplía una guardia que no le correspondía el 1 de junio de 2023 a las 6 de la mañana cuando recibió dos disparos en distintas partes de la cabeza. Los proyectiles no se pudieron recuperar y se desconoce el calibre. En sus manos no había restos de pólvora y su fusil FAL no tenía huellas dactilares.

La autopsia, confirmada por los médicos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, determinó que cualquiera de los dos disparos fue suficiente para matarlo y que, tras el primero, el joven quedó incapacitado para realizar movimientos conscientes. Los informes de expertos descartaron el suicidio o un disparo accidental.

El FAL mide 119 centímetros de largo, con un cañón de 52, y carga municiones calibre 7.62. Tiene un selector de tres posiciones: seguro, repetición y automático. El arma fue hallada con el selector en repetición, lo que implica que para efectuar un segundo disparo había que soltar el gatillo por completo y volver a accionarlo.

A fines del año pasado apareció una pista: en el cargador del fusil detectaron una huella digital parcial. A principios de febrero, Uribe contó que los peritos retomaron el análisis de esa huella, que había sido descartada. «Está confirmado que esa huella no es de Pablo», afirmó.

Según el expediente, un peritaje constató que el arma no tenía fallas y que la extracción del cargador solo pudo hacerse «por la intervención de una persona mediante la utilización de los mecanismos propios del fusil». La pericia de Gendarmería —luego desplazada— señaló que la huella parcial no era apta para cotejo por no reunir los requisitos de integridad y nitidez.