Desviaban plata de cuentas judiciales con oficios truchos: el fallo que complica al ex fiscal
Durante años habrían vaciado cuentas judiciales con oficios apócrifos y transferencias cruzadas. La Cámara confirmó que el ex fiscal y otros cuatro acusados sigan detenidos, pero el fallo dejó una advertencia que incomoda al propio Ministerio Público.
La Cámara confirmó la prisión preventiva del ex fiscal Mariano Ríos Artacho y de otras cuatro personas acusadas de integrar una red que desvió al menos 425 millones de pesos de cuentas judiciales. La camarista Carolina Hernández firmó un fallo de 22 fojas en el que dio por probada la existencia de una asociación ilícita y ratificó, sin cambios, lo que ya había resuelto el juez de primera instancia.
Junto al ex integrante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) seguirán detenidos el abogado Emilio Barcaccia, Fabricio Romero, Gustavo Cesaretti y Julio Mercado. La resolución también avaló la investigación de los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani, que reconstruyó la maniobra desarrollada entre 2017 y 2024.
Una sociedad sin contrato
Las defensas intentaron desarmar la imputación analizando por separado cada llamada, cada viaje, cada transferencia y cada vínculo de amistad con el ex fiscal. La jueza rechazó de plano ese enfoque: sostuvo que una asociación ilícita no necesita papeles firmados ni una estructura formal, sino que se acredita con la ejecución coordinada y sostenida de acciones dirigidas a un mismo fin delictivo.
Para la camarista, el conjunto de esos elementos —analizados en forma articulada y no aislada— es lo que demuestra la existencia de la organización.
El mecanismo, paso a paso
El fallo validó la hipótesis de la fiscalía, que describe un esquema dividido en cinco tramos. Primero, la detección de fondos depositados en cuentas judiciales que estaban bajo la órbita del entonces fiscal. Segundo, la falsificación o confección de oficios para dar apariencia legal a las extracciones.
Tercero, el uso de cuentas receptoras propias, de allegados o de familiares. Cuarto, el movimiento y reenvío parcial del dinero, que en varias oportunidades volvió a manos del propio Ríos Artacho. Y quinto, la recomposición de saldos para tapar los huecos cuando la situación lo exigía.
La ludopatía no alcanza como excusa
La defensa del ex fiscal había puesto sobre la mesa su ludopatía. La jueza no la descartó como posible móvil personal, pero dejó claro que ese padecimiento no atenúa, no justifica ni desarma la ejecución metódica y prolongada del plan delictivo.
También ratificó que Ríos Artacho ocupó la jefatura de la organización, apalancado en el rol de poder que le daba su cargo institucional. Y consideró que el resto de los imputados no puede alegar que no sabía nada: operaron con señales evidentes, como transferencias atadas a carátulas judiciales o ingresos de dinero rotulados como «reparaciones» o «restituciones».
El mensaje a la propia institución
En un tramo de fuerte peso institucional, Hernández calificó como «auspicioso» que sea el propio MPA el que investigue los delitos cometidos puertas adentro, transparente sus sistemas de control y persiga las responsabilidades. Para la magistrada, la depuración de una institución no se consigue barriendo los problemas debajo de la alfombra, sino exponiendo sus debilidades, investigándolas con rigor y sancionando las prácticas corruptas sin miramientos.
