Detuvieron al dueño de una cadena de lomiterías y a un joven bancario: los 53 cheques que no cerraron

La Justicia santiagueña avanza sobre una presunta maniobra defraudatoria que terminó con dos hombres detenidos y cinco allanamientos en distintos puntos de la Capital. La investigación intenta reconstruir cómo se hicieron las operaciones comerciales cuestionadas y qué papel jugó cada uno de los involucrados.

El caso arrancó el 25 de agosto, cuando Nicolás Giandana, en representación de Mercon SRL, se presentó en la Fiscalía para denunciar que no le pagaron mercadería entregada a dos locales gastronómicos vinculados con José Agustín Khairallah, dueño de una cadena de lomiterías.

Según el relato del denunciante, la distribuidora y el empresario tenían una relación comercial desde hacía unos dos años. Al principio todo funcionaba, pero con el tiempo empezaron los problemas para cobrar los valores entregados como pago. La documentación que llegó a la Fiscalía incluyó 53 cheques rechazados por un total de $122.743.000.

Refinanciaciones que no se cumplieron

Mercon sostuvo que se intentó refinanciar la deuda y que se pactaron nuevos plazos para regularizar la situación. Sin embargo, según la denuncia, los compromisos no se respetaron. La empresa también afirmó que siguió recibiendo cheques y valores electrónicos que después rebotaron.

Ante la falta de respuestas, el 5 de agosto envió una carta documento. En esa presentación, los representantes de Mercon mencionaron la intervención de Cristian Guillermo Barrón Palazzi, quien se habría presentado como asesor financiero de Khairallah y habría participado en las gestiones de pago. Ese punto es uno de los que la Fiscalía busca aclarar.

Allanamientos y detenciones

Con los elementos reunidos, la fiscal Celia Mussi pidió las medidas judiciales que autorizaron el juez de Control y Garantías en lo Penal, Héctor José María Salomón, y Erika Casagrande. Los procedimientos se hicieron en cinco domicilios de diferentes sectores de la Capital. Además del registro de los inmuebles, se previó el posible secuestro de armas de fuego.

La resolución también dispuso la incomunicación de los dos imputados dentro de los límites legales, para evitar interferencias en la producción de pruebas. La medida debe garantizar el derecho de defensa y la comunicación privada con sus abogados.

Ahora la investigación apunta a reconstruir las operaciones comerciales y financieras cuestionadas, determinar el alcance del perjuicio denunciado y establecer qué participación habría tenido cada uno de los involucrados. La causa sigue en etapa investigativa y las responsabilidades penales deberán acreditarse ante la Justicia.