Deudas: el proyecto que quiere ponerle un freno a los cobradores y las diputadas de Santa Cruz que lo apoyan

Llamados a toda hora, mensajes de WhatsApp, intimaciones con tono judicial y contactos a familiares o compañeros de trabajo. Ese combo, que muchos santacruceños conocen de memoria, podría tener los días contados si avanza una iniciativa que ya empezó a discutirse en la Cámara de Diputados de la Nación.

Se trata del expediente 4619-D-2026, presentado el 9 de septiembre por el diputado Santiago Luis Roberto y acompañado por legisladores de distintas provincias. Entre los cofirmantes figuran las diputadas nacionales por Santa Cruz Ana María Ianni y Moira Lanesan Sancho.

El texto fue girado a las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor y busca crear un régimen nacional específico para regular a las agencias que gestionan el cobro extrajudicial de deudas de consumo.

Prohibido llamar de noche

Uno de los puntos más concretos del proyecto tiene que ver con los horarios. La iniciativa establece que no podrán realizarse llamados, mensajes de WhatsApp, SMS, correos electrónicos ni ninguna otra comunicación en días no laborables ni entre las 20:00 y las 8:00 de los días hábiles.

La lógica es evitar que la cobranza se meta de lleno en la vida cotidiana de la persona endeudada y la persiga a toda hora.

Ni al trabajo ni a través de terceros

Otro de los cambios apunta a algo que sucede seguido: las gestiones de cobro en el ámbito laboral. El proyecto impide llamar o enviar intimaciones al lugar de trabajo o a los teléfonos que la persona usa para desempeñar su actividad.

También busca terminar con la práctica de usar a familiares, vecinos, empleadores o compañeros como mecanismo de presión. El texto considera una infracción comunicarse con terceros para informarles de la deuda o para que sean ellos quienes presionen al deudor.

El fin de las amenazas de embargo

El proyecto apunta contra las comunicaciones que buscan generar temor con términos que suenan a Justicia. Quedaría prohibido enviar mensajes, cartas o notificaciones que simulen una demanda judicial o una orden de un tribunal cuando esa decisión no exista.

Esto abarca expresiones como "embargo", "denuncia penal" u "orden de juez" usadas como presión sin respaldo judicial. Tampoco se podrá amenazar con un embargo inmediato del sueldo o de los bienes, ya que ese tipo de medida solo puede disponerla un juez.

El texto suma restricciones para reclamar deudas prescriptas, obligaciones inexistentes o exigir la firma de pagarés o documentos en blanco como condición para negociar.

Qué deberán informar al reclamar

La iniciativa no impide que una empresa reclame una deuda legítima. Lo que busca es fijar reglas claras sobre cómo debe hacerse esa cobranza.

Cada comunicación deberá identificar al acreedor y a la agencia que realiza el cobro, informar el origen de la deuda y detallar cuánto corresponde a capital, intereses, tasas, gastos y honorarios. También tendrá que indicarse la fecha en que comenzó la mora y ponerse a disposición la documentación que demuestre la existencia de la obligación.

Un registro obligatorio de cobradores

Otro de los cambios previstos es la creación de un Registro Público de Agentes de Cobranza Extrajudicial de Deudas de Consumo. Las agencias deberán inscribirse obligatoriamente para poder operar.

El registro contendría datos sobre sus responsables, los acreedores para los que trabajan, las carteras de deuda adquiridas y el personal encargado de contactar a los deudores. La falta de inscripción podría impedir que la empresa siga desarrollando esas tareas y derivar en sanciones.

Libre deuda y actualización de antecedentes

Cuando una obligación se cancele por completo, el acreedor o la agencia deberá entregar de manera gratuita un certificado de libre deuda y avisar la cancelación a las empresas que administran información crediticia.

El proyecto también establece que el Banco Central deberá implementar mecanismos para que una deuda cancelada se actualice en la Central de Deudores del Sistema Financiero dentro de las 48 horas hábiles posteriores a la acreditación del pago.

Bancos y comercios, en la mira

La propuesta incorpora otro punto relevante para las empresas que tercerizan el cobro. Las entidades financieras, comercios u otros acreedores que entreguen sus carteras morosas a una agencia podrían responder solidariamente por los daños o infracciones cometidos durante el proceso de cobro.

El objetivo es evitar que el acreedor original se desligue por completo de la forma en que una empresa contratada después reclama el dinero.

Por qué aparece ahora

En los fundamentos, los autores vinculan la iniciativa con el crecimiento del endeudamiento de los hogares y con la expansión de agencias especializadas, cesiones de carteras y aplicaciones de crédito.

El texto menciona un relevamiento nacional realizado en agosto de 2026 según el cual el 61,8% de los hogares consultados tenía deudas financieras y casi seis de cada diez personas relevadas habían recurrido al endeudamiento para comprar alimentos. Esos datos son utilizados como argumento por los autores del proyecto y no corresponden a estadísticas oficiales del INDEC.

Todavía no es ley

Ninguna de estas restricciones está vigente por este proyecto. La iniciativa permanece en análisis en la Cámara de Diputados y deberá avanzar primero en las comisiones correspondientes.

Luego necesitará ser aprobada por Diputados, pasar al Senado y completar el proceso legislativo antes de convertirse en ley. La discusión, sin embargo, instala una cuestión concreta: una deuda puede reclamarse, pero el proyecto busca establecer hasta dónde puede llegar una empresa para intentar cobrarla.