Deutsche Bank activó sus alarmas internas cuando Bausili entró al Gobierno: qué decían los papeles
Economía

Deutsche Bank activó sus alarmas internas cuando Bausili entró al Gobierno: qué decían los papeles

Santiago Bausili dejó el Deutsche Bank para entrar al gobierno de Macri. Meses antes había comprado bonos argentinos sin pedir permiso y el banco lo amonestó. Ya como funcionario, una unidad interna marcó su caso con una etiqueta que él niega hasta hoy.

Cuando Santiago Bausili dejó el Deutsche Bank para sumarse al equipo económico de Mauricio Macri, en enero de 2016, el banco alemán puso en marcha sus mecanismos de control. Su Unidad de Crimen Financiero (AFC) revisó el caso de quien había sido director de la entidad y había manejado negocios atados a la deuda pública argentina y de otros países del Cono Sur. La conclusión quedó registrada con una etiqueta: “posible conflicto de interés”.

Los papeles forman parte de la filtración que dio origen a Inside Deutsche Bank, una investigación coordinada por Barracuda Media con periodistas de todo el mundo. Los archivos fueron analizados por LA NACION y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). Permiten reconstruir cómo se movió el banco antes y después del desembarco de Bausili en la función pública y muestran que, aun después de vender su filial minorista en el país, la entidad mantuvo una estructura dedicada a grandes clientes corporativos y a contratos con el Estado.

Bausili ocupó varios cargos en el área económica del gobierno de Macri mientras el Deutsche siguió operando con la Argentina. Participó como colocador en una de las emisiones de deuda pública más grandes de la historia, todavía bajo investigación judicial; intervino en la salida de AySA al mercado internacional por US$500 millones y el banco financió parte de un préstamo para que Trenes Argentinos comprara frenos ferroviarios, entre otras operaciones.

Las acciones que cobraba mientras trabajaba para el Estado

Los documentos de la AFC sobre casos sensibles llevaban la etiqueta “estrictamente confidencial”. Allí apareció el nombre de Bausili junto a la advertencia sobre el conflicto de interés. El análisis ponía el foco en las negociaciones del banco con el gobierno argentino y en los pagos diferidos que el exejecutivo seguía cobrando de su antiguo empleador mientras se desempeñaba como funcionario.

“Un antiguo empleado recibió una bonificación diferida de DB mientras era empleado de RoA (República Argentina), lo que presenta un posible conflicto de intereses”, señala uno de los documentos revisados.

Las compensaciones se pagaron en acciones del banco y se extendieron hasta septiembre de 2018. Según documentos judiciales, Bausili recibió 13.025 acciones con un valor nominal de US$13,80 cada una, equivalentes a casi US$180.000. Fueron percibidas durante 2016, 2017 y 2018, cuando se desempeñaba primero como subsecretario de Financiamiento (2016-2017) y luego como secretario de Finanzas (2017-2019).

La Justicia investigó esas compensaciones. El juez federal Sebastián Casanello procesó dos veces a Bausili por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública: consideró que pudo haber influido para beneficiar a su antiguo empleador, que cobró un 0,12% por la colocación de bonos argentinos de 2017. La comisión del Deutsche por esa operación sumó unos US$1,4 millones, según estimaciones judiciales.

En las dos oportunidades, la Cámara Federal revocó los procesamientos. Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah entendieron que no había pruebas de que Bausili hubiera incidido en la selección, los alcances o las condiciones de las operaciones en las que participó el banco, elementos que consideraron necesarios para configurar el delito. La investigación sigue abierta y, según fuentes con acceso al expediente, en las últimas semanas se adoptaron nuevas medidas de prueba.

“Las compensaciones diferidas no son a opción del empleado: el empleado siempre preferiría cobrar antes y no diferir cobros”, respondió Bausili ante la consulta para esta nota. En la causa judicial siempre negó que haya existido un conflicto de interés.

El tema volvió a la superficie el mes pasado, cuando Bausili dio explicaciones como presidente del Banco Central sobre el manejo del oro del Tesoro. Dijo que el Deutsche Bank había sido contratado por el Estado para realizar el 10% de las coberturas del oro durante 2025, que la entidad había ofrecido las mejores condiciones y que él no había intervenido en el proceso.

De la venta de la filial a los contratos con el Estado

Como en buena parte de América Latina, el Deutsche analizó en 2015 abandonar su negocio minorista en la Argentina. Los documentos internos mencionaban los “problemas de capitales atrapados” del último tramo del gobierno de Cristina Kirchner y el temor a trabas para repatriar fondos. En 2016 anunció la venta de su filial argentina al Banco Comafi, con personal, clientes institucionales y negocios de administración financiera incluidos. Pese a la retirada, conservó una oficina de representación con estructura reducida, enfocada en grandes clientes corporativos y contratos con el Estado.

Uno de esos contratos fue el financiamiento de Trenes Argentinos SA. En septiembre de 2017 el Gobierno anunció un crédito de US$53 millones para comprar frenos con sistema ATS: el 60% lo aportaría el Japan Bank for International Cooperation (JBIC) y el 40% restante el Deutsche Bank, según respondió el Ministerio de Economía a un pedido de acceso a la información pública. Los documentos internos no muestran una intervención de Bausili en esa operación. Sí aparece un posteo suyo en X sobre el financiamiento, sin mencionar a su antiguo empleador: “Apoyo de Japón: El 85% del costo de los frenos se financió con la agencia de financiación de exportaciones de Japón”, escribió, y agregó: “Préstamo: USD53 millones. Se evitaba la tragedia de Once”, en alusión al choque ferroviario de 2012 que dejó 52 muertos.

El banco también buscó negocios con el Ministerio de Transporte. Armó un brochure para captar inversores israelíes interesados en el programa de Participación Público Privada (PPP) “Autopistas y Redes Seguras”. El entonces ministro Guillermo Dietrich se reunió con ejecutivos de la entidad el 4 de octubre de 2018, durante una gira por Estados Unidos. El proyecto finalmente no prosperó.

Otro contrato fue la salida de AySA al mercado internacional por US$500 millones. El Gobierno anunció en enero de 2018 que era la primera vez que la empresa pública tomaba deuda, con fondos destinados a obras del plan de inversiones y a cancelar deudas financieras y comerciales. Una semana antes del anuncio, el 18 de enero, un correo con información distribuida fuera de Estados Unidos llegó a los ejecutivos del Deutsche. Informaba sobre reuniones en Londres para el 22 y el 23 de enero y otra en Frankfurt para el 24. La negociación incluyó 35 encuentros y Bausili, entonces secretario de Finanzas, estuvo presente en al menos uno, según una fotografía publicada por Infobae.

Consultada por LA NACION, AySA informó que el Deutsche colocó US$159 millones de los US$500 millones emitidos. Una fuente que participó del proceso sostuvo que no observó “una sola actitud” de Bausili orientada a beneficiar al banco durante los encuentros con inversores y recordó que, además del Deutsche, se seleccionaron otras tres entidades: Citi, HSBC y Crédit Agricole.

El episodio de Córdoba y el riesgo reputacional

El tercer caso involucra a Córdoba. Una cadena de correos identificados como “sólo para uso interno” muestra que el 31 de octubre de 2018 un managing director de la filial londinense del Deutsche pidió asesoramiento a sus colegas antes de autorizar un acuerdo con la provincia. Consideraba que la operación podía representar un riesgo reputacional por la relación de Bausili con el Gobierno argentino.

“Confirmo que, desde la perspectiva empresarial, he considerado el riesgo potencial de reputación y lo considero mínimo, y que estamos efectivamente protegidos de cualquier problema potencial de riesgo de reputación”, respondió un jefe global del banco.

Finalmente la entidad concretó dos préstamos a Córdoba por US$79 millones para financiar infraestructura en Educación y Salud. La operación tenía una particularidad: para endeudarse, incluso con financiamiento privado, la provincia necesitaba autorización del Estado nacional según el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. Fuentes de la entonces gestión cordobesa indicaron que trabajaron con la Oficina Nacional de Crédito Público y la Jefatura de Gabinete, sin mencionar nada específico sobre Bausili. Los documentos disponibles tampoco muestran que él hubiera intervenido directamente en la negociación.

Ante las consultas de esta alianza periodística, el Deutsche Bank respondió: “Rechazamos categóricamente la insinuación de su pregunta. Deutsche Bank cuenta con una larga trayectoria de gran prestigio en la región. Nuestros clientes nos eligen por nuestra experiencia. Como banco, contamos con políticas, controles y procesos sólidos diseñados para identificar y gestionar posibles conflictos de interés”.

Las firmas, los bonos y la factura de US$8000

El expediente judicial reconstruyó distintas intervenciones de Bausili en la colocación de deuda pública por hasta US$7000 millones autorizada en 2017, apenas un año después de su salida del banco alemán. El funcionario solicitó la opinión del Banco Central para tramitar la colocación, remitió la documentación a la Procuración del Tesoro para su revisión y envió el expediente a su superior, el entonces ministro de Finanzas Luis Caputo, para disponer la “emisión de nuevos instrumentos de deuda pública”.

En febrero de 2017 también pidió que se pagara al Deutsche Bank una factura de US$8000 por su función como “agente fiscal, de registro y pago” de bonos con vencimiento en 2018 y 2031.

El expediente contiene además el memorándum de oferta de los bonos, con membrete confidencial, que establecía que la información incluida, salvo el plan de distribución, constituía una declaración pública oficial “en nombre de Santiago Bausili”. La propuesta formal de emisión fue firmada únicamente por Caputo. El plan de distribución asignó a seis entidades —Deutsche Bank, BBVA, Santander, HSBC, JP Morgan y Citi— unos US$1.166 millones a cada una, con una comisión del 0,12%.

Antes de esa operación, Bausili había mantenido dos reuniones con representantes del Deutsche: el 14 y el 22 de noviembre de 2016. El Registro de Audiencias Públicas identificó la primera como una “visita de cortesía” y la segunda como un encuentro por el “Programa de Financiamiento Económico de Argentina”. En enero de 2017 las propuestas de los bancos circularon por el sistema interno del Gobierno. La del Deutsche estaba fechada el mismo día de la segunda audiencia y llevaba la referencia “DB 22NOV2016”.

La Ley de Ética Pública, en su artículo 15, establece que los funcionarios deben abstenerse de intervenir en procesos vinculados con anteriores empleadores con los que hayan mantenido relación durante los últimos tres años. Bausili había renunciado al Deutsche en enero de 2016.

Cuando el caso se hizo público, la Oficina Anticorrupción (OA) le envió en junio de 2018 una recomendación sobre las conductas que debía adoptar para evitar funciones incompatibles, entre ellas abstenerse de participar en reuniones con representantes de empresas respecto de las cuales debía excusarse. El 31 de enero de 2019 la OA sostuvo que Bausili había “incumplido” las conductas previstas por la Ley de Ética Pública, según reconstruyó Casanello. La Justicia destacó que el organismo había considerado que sus intervenciones en los expedientes no estaban legalmente permitidas, incluso si no habían sido decisivas para la designación del Deutsche.

Sin embargo, en febrero de 2019, después de que Bausili amplió su descargo, la OA cambió de criterio: reemplazó la afirmación de que había “incumplido” las normas por otra conclusión: “No se advierte una infracción”.

Ante la consulta para esta nota, Bausili respondió: “Nunca incumplí la ley de ética pública durante los años que me alcanzaba como secretario de Finanzas. Durante mi mandato como presidente del BCRA ya los plazos estaban largamente vencidos”. Y explicó el giro de la OA durante el gobierno de Macri: “Interpretaron que habría sido mejor no mantener reuniones con el banco durante los tres años de referencia de la ley, pero entendieron que no había incumplido ninguna norma”.

La amonestación por comprar bonos argentinos

La relación de Bausili con la deuda argentina ya había generado observaciones internas antes de su ingreso al Gobierno. Cuando todavía trabajaba para el Deutsche, en 2015, tomó una decisión que llamó la atención de sus empleadores y le costó una sanción interna.

El 23 de junio de 2015, siendo director del banco —que operaba sobre las deudas públicas de Argentina y otros países del Cono Sur—, compró 150 bonos de la deuda argentina. “El Sr. Bausili no solicitó la autorización previa para comprar 150 bonos de Argnt Bonar. Se le envió una amonestación por correo electrónico, pero no fue necesario tomar ninguna otra medida”, indica un archivo de las unidades internas de compliance que figura en la filtración coordinada por Barracuda Media.

El banco lo amonestó al considerar que había eludido sus controles internos, que exigen una autorización previa para este tipo de operaciones financieras. El archivo es una tabla de seguimiento con detalles sobre casos conflictivos: allí aparece el nombre de Bausili, que entonces atravesaba sus últimos meses en la entidad, bajo una columna llamada “CC Violations Data”. El motivo: “Trading sin autorización previa” con bonos argentinos.

A fines de junio de 2015, cuando compró esos bonos, Macri y su equipo ya estaban en campaña presidencial. Las PASO se celebraron a mediados de agosto, seis semanas después de la operación. En enero de 2016, Bausili asumió como subsecretario de Financiamiento e informó ante la OA que poseía tres tipos de bonos de la deuda argentina.

La declaración jurada no permite establecer si los bonos comprados en junio de 2015 y objetados por el Deutsche seguían en su poder al cierre del año. Según su presentación ante la OA, primero compró el Bonar 17 en enero de 2015 y luego, en diciembre, se hizo con el Bonar 24 y el Bonar 8,750%. Cotizó los bonos en más de $5 millones, unos 350.000 dólares al tipo de cambio de cierre de ese ejercicio.

Inside Deutsche Bank es una investigación transnacional nacida de la filtración de más de 15 millones de documentos del banco alemán. Fue liderada por Barracuda Media y coordinada en América Latina junto al CLIP, con 55 medios aliados en 45 países. En la región colaboraron Armando.info (Venezuela), Concolón (Panamá), IDL-Reporteros (Perú), El Universal (México), No Ficción (Guatemala), Cuestión Pública y El Armadillo (Colombia), Agencia Pública (Brasil) y LA NACION (Argentina). Revisión legal: El Veinte.

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