La presidenta del Partido Intransigente apuntó contra los diputados de La Libertad Avanza que cuestionan el pase de estatales al sector privado y habló de "doble vara". Qué dijo sobre las mineras y por qué todavía no define su postura.
La discusión por el proyecto que el Ejecutivo provincial tiene en carpeta para incentivar el traspaso de trabajadores estatales a empresas privadas sumó un nuevo capítulo. Adriana Díaz, presidenta del Partido Intransigente de Catamarca, puso el foco en las condiciones económicas del país y advirtió que la iniciativa merece un análisis cuidadoso.
En declaraciones públicas, la dirigente pidió abordar la propuesta con "responsabilidad política, mirada crítica y, sobre todo, perspectiva social". Su postura parte de una premisa: el traslado de empleados públicos al sector privado en plena recesión "enciende alertas lógicas".
Díaz cuestionó que se impulse ese pase de trabajadores a empresas en un escenario que, a su entender, todavía muestra serias dificultades para generar empleo genuino.
El antecedente de los subsidios y la advertencia sobre las mineras
Para sostener su posición, la titular del PI recordó experiencias previas de subsidios estatales al salario privado y procesos de reconversión laboral que se aplicaron en otras provincias. Según su lectura, esos esquemas suelen terminar beneficiando al interés empresarial.
"El beneficio suele derivar en un esquema a medida del interés empresarial, donde las corporaciones —incluso grandes actores como las mineras— abaratan sus costos operativos a costa del erario público", planteó la dirigente.
En esa línea, fue tajante: "Esto no representa un desarrollo genuino, sino una tercerización encubierta con fondos provinciales destinada a financiar empresas". Y agregó que esos actores "dificilmente necesiten del apoyo estatal para ser competitivas".
La "doble vara" que le marcó a La Libertad Avanza
El proyecto también generó cuestionamientos dentro de los sectores que responden a La Libertad Avanza. Los diputados Federico Lencina y Matteo Manti reclamaron que, si la intención es achicar el Estado, el Ejecutivo debería empezar por recortar la cantidad de funcionarios y cargos políticos.
Díaz salió al cruce de esas críticas y detectó una contradicción. A su juicio, existe una "doble vara" entre lo que esos sectores dicen en la provincia y el respaldo que le dan a las políticas del Gobierno nacional.
"Los sectores liberal-libertario que cuestionan el proyecto son los mismos que agitan el ajuste, aplauden a nivel nacional las políticas de despidos masivos a estatales, la flexibilización laboral y el ahogo a las economías regionales", lanzó.
Y remató: "Criticar en lo local mientras se celebra el modelo de desguace nacional es oportunismo político y demagogia".
Sin posición cerrada hasta ver el texto
Pese a las advertencias, la presidenta del Partido Intransigente aclaró que todavía no tiene una postura definitiva. El motivo es concreto: el Ejecutivo provincial aún no presentó formalmente el proyecto de ley.
"Veremos qué plantea el proyecto de ley del Ejecutivo para definir una posición más concreta", señaló.
De todos modos, anticipó cuáles serán sus condiciones para cualquier iniciativa que busque modificar las condiciones del Estado. "Exigiremos que cualquier búsqueda de mejora de las condiciones del Estado no se convierta en una transferencia de recursos públicos a sectores corporativos ni en un riesgo hacia el trabajador", afirmó.
Y cerró con una definición sobre el rumbo que, según ella, no debería tomar la discusión: "La salida nunca puede ser el achicamiento que ponga en riesgo la estabilidad de los trabajadores ni replicar recetas que vulneren derechos adquiridos".
