Diez acusados de narcotráfico y violencia: la nueva era de los "nuevos ricos" de Tucumán llega a su fin

Una decena de personas investigadas por presuntos lazos con el narcotráfico o por episodios de extrema violencia concentran la atención de la Justicia provincial y federal en Tucumán. Se trata de nombres que se repiten en expedientes desde hace años, aunque varias de las detenciones de los últimos dos años llegaron por causas menores o distintas a las sospechas que pesan sobre ellos.

El jefe de Policía, Joaquín Girvau, aseguró que hay una decisión política de avanzar contra estos sospechosos. "Caiga quien caiga, vamos a seguir adelante", sostuvo. Mientras tanto, los fiscales trabajan para sumar pruebas y unificar causas. Entre los mencionados hay condenados, procesados y otros cuyos vínculos con la venta de drogas aún deben probarse.

El que se entregó y el que sigue preso

El domingo, Santiago "Cara i' Gota" Villafañe se presentó ante la Justicia después de una serie de allanamientos ordenados por el fiscal Mariano Fernández, quien pidió su detención por denuncias de ataques a tiros contra dos casas del barrio Oeste II. Los investigadores creen que Villafañe habría tomado el control territorial de esa zona tras la detención de Javier "Chuky" Casanova. Además, acumula una causa por drogas en la Justicia Federal y expedientes en el fuero ordinario, entre ellos uno por homicidio y otras denuncias por balaceras.

Casanova, señalado como uno de los principales sospechosos de narcotráfico de la provincia, fue detenido al principio por el tiroteo en una fiesta electrónica, pero luego quedó sobreseído en esa causa. Sigue preso por tenencia de estupefacientes y enfrenta otro expediente por el transporte de 50 kilos de cocaína secuestrados en Jujuy. La hipótesis de su comienzo lo ubica al frente de una red de narcomenudeo en Oeste II. En los últimos días, además, surgieron sospechas de que podría haber planeado una fuga, algo que está bajo investigación.

La causa que cambió todo

La balacera en la fiesta electrónica también modificó la situación de Facundo Ale, hijo de Ángel "El Mono" Ale: primero fue considerado víctima y después quedó acusado por el ataque. Mario Pasarín, con una condena por narcotráfico, murió en un accidente con el auto que, según la investigación, Facundo había usado en ese episodio. Fernández adelantó que pedirá una pena de seis años y medio de prisión para Ale, que sería de cumplimiento efectivo porque ya recibió una sentencia de tres años condicional por balear en 2024 la casa de un integrante del clan Los Gardelitos.

De aquel tiroteo también surgió la detención de Walter "Petiso David" Lobos. El fiscal pidió allanar su vivienda por la sospecha de que había protegido a los responsables y, durante el registro, la Policía encontró tres kilos de marihuana. El fiscal federal Agustín Chit lo investigaba por lavado de activos, causa que terminó con su procesamiento. En ese expediente se reveló que el referente de Los Gardelitos había sido mencionado en siete causas por drogas entre 2012 y 2020, sin haber sido procesado nunca.

Otros nombres en la lista

Lucas Córdoba fue detenido en mayo de 2024, acusado de manejar una red de narcomenudeo. El análisis de su teléfono, en la investigación del fiscal Diego Hevia, aportó indicios de posibles conexiones con el narcotráfico y la venta de armas. El fiscal Carlos Sale impulsó un conflicto de competencia para que la causa pasara a la Justicia Federal, donde está ahora con planteos de la defensa ante la Cámara de Apelaciones.

Jorge "Pelaín" Nasif tiene antecedentes que se remontan a febrero de 2021, cuando la Justicia determinó que fue víctima de un intento de robo cometido por policías. También existió la sospecha de que la banda de los "narcopolicías" buscaba secuestrarlo para cobrar un rescate. Tres efectivos fueron condenados por ese hecho. En el juicio aparecieron indicios sobre posibles vínculos de Nasif con la venta de drogas, pero no se lo investigó. En noviembre pasado, un procedimiento de la Digedrop halló droga en la misma casa donde había sufrido el ataque. Nasif fue detenido meses después, acusado de abastecer de estupefacientes al sur tucumano y a Termas de Río Hondo. El fiscal Miguel Varela busca que esa causa pase a la Justicia Federal, en medio de una disputa por la competencia.

Miguel "Miguelón" Figueroa, otro presunto peso pesado del narcotráfico provincial, fue condenado por tres homicidios cometidos para vengar la muerte de su hermano. También lo penaron por amenazar a fiscales, a un juez y al gobernador Osvaldo Jaldo. Su nombre apareció en el juicio por el ataque a Nasif: en el teléfono de uno de los imputados se encontró un mensaje en el que una persona decía trabajar para Figueroa y lo describía como un narcotraficante de peso. Los investigadores sospechan que habría robado cargamentos de droga a otros delincuentes, una práctica conocida como "mexicanear".

La lista se completa con Walter, Emanuel y Cristian Caro, condenados por distintos delitos y vinculados con personas del narcotráfico. Los tres fueron trasladados a cárceles de máxima seguridad después de ser denunciados por extorsión: según esa acusación, a uno de los detenidos por el secuestro de más de 400 kilos de cocaína le habrían exigido 25.000 dólares o la entrega de una camioneta.

Rivalidades y acuerdos

Las causas también muestran rivalidades y pactos entre varios de los mencionados. Casanova y Villafañe se disputan el dominio de Oeste II, escenario de homicidios y ataques armados. Córdoba y Nasif mantenían una enemistad en Famaillá, aunque sin llegar a esos niveles de violencia. Ale enfrentó a Los Gardelitos, con episodios como el ataque a la casa de la madre de Lobos. Casanova y "Petiso David" habrían unido fuerzas para pelear por el control de las tribunas de La Ciudadela frente al sector de Ale y Villafañe, diferencias que derivaron en tiroteos.

La ostentación de riqueza de algunos sospechosos también entró en el debate público. El legislador radical José Cano los llamó "los nuevos ricos de Tucumán" por sus publicaciones en redes sociales mostrando bienes, joyas, viajes, armas y fiestas con artistas conocidos. Para algunos investigadores, esas actividades sociales buscaban respaldo y silencio entre los vecinos, y parte del dinero habría servido para obtener complicidades y protección. Determinar el origen de los recursos, acreditar esas conexiones y resolver los expedientes pendientes son los ejes de las investigaciones.