Diez damnificados por estafas inmobiliarias en Salta recibirán millonarias indemnizaciones

La Justicia de Salta avaló un acuerdo que pondrá fin al calvario de diez víctimas de estafas inmobiliarias y de inversión. Los acusados, Carlos Adrián Huergo, Julio César Aldecoa y Mario Gustavo Maldonado, deberán pagar millonarias sumas en concepto de reparación económica.

¿Qué se acordó en la audiencia?

Durante la audiencia, la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal y las partes llegaron a soluciones alternativas del conflicto. La jueza del distrito Centro, Cecilia Flores Toranzos, hizo lugar a lo acordado y dispuso la suspensión del juicio a prueba para dos de los imputados.

Huergo deberá cumplir dos años de suspensión del juicio a prueba, mientras que Aldecoa tendrá un año. Ambos quedaron sujetos al cumplimiento de las reparaciones económicas ofrecidas y de las reglas de conducta impuestas.

Los montos de la reparación

En el caso de Huergo, el acuerdo contempla el pago de 31 millones de pesos a favor de seis damnificados, con distintos planes de pago que incluyen mecanismos de actualización. Además, deberá realizar tareas comunitarias durante seis meses en una institución religiosa y acreditar su cumplimiento ante la Oficina Judicial.

Por su parte, Aldecoa deberá abonar un total de 9 millones de pesos a tres damnificados.

En cuanto a Huergo y Maldonado, la jueza tuvo en cuenta el acuerdo conciliatorio alcanzado con otro de los damnificados, que incluye la entrega del dinero embargado en una cuenta judicial y el pago adicional de 1,5 millones de pesos en tres cuotas.

¿Por qué se aceptó el acuerdo?

Flores Toranzos consideró que las soluciones propuestas eran adecuadas para conflictos de naturaleza patrimonial y coincidió con la fiscal Salinas Odorisio en que permitían atender los intereses de los damnificados mediante una reparación económica. Además, se tuvo en cuenta que los acusados no registran antecedentes condenatorios.

En relación a Huergo, la magistrada también dispuso su sobreseimiento parcial por prescripción del delito de falsificación de instrumento privado. El último acto interruptivo de la prescripción fue la citación a juicio del 8 de septiembre de 2023 y el acusado no registra antecedentes que interrumpieran ese plazo.

Todas las partes prestaron conformidad con lo resuelto y renunciaron a los plazos procesales para recurrir.

El origen de las causas

La investigación de la UDEC comenzó a partir de denuncias vinculadas con operaciones inmobiliarias. En uno de los casos, Huergo había sido contratado para desarrollador de un loteo en barrio Intersindical y, aprovechando la ausencia del propietario, vendió lotes y se quedó con el dinero.

También fue investigado por operaciones a través de empresas de desarrollos inmobiliarios. Varias personas denunciaron haber pagado por terrenos que nunca les fueron entregados y haber recibido propuestas de reemplazo que tampoco se concretaron.

Otra causa se originó por el ofrecimiento de servicios de inversión con una elevada tasa de rendimiento. Según la investigación, se prometía devolver el capital aportado más un 20% de ganancia. Uno de los damnificados entregó dólares y pesos sin recuperar el dinero. En esa causa fueron acusados Huergo, Aldecoa y Maldonado.