Diez personas pagaron por muebles que nunca llegaron: el carpintero ahora deberá devolver más de $8 millones
Diez personas pagaron por muebles y trabajos de carpintería que nunca recibieron. El imputado acordó devolver más de $8 millones, pero la causa sigue abierta y con restricciones para él.
Un caso de presuntas estafas en San Juan terminó con un acuerdo de reparación integral que supera los $8 millones para diez damnificados. El imputado, Juan Antonio Medina, está siendo investigado por la UFI Delitos Informáticos y Estafas tras una serie de denuncias por trabajos de carpintería que fueron abonados pero, según los denunciantes, jamás se concretaron.
La causa quedó en manos del fiscal Ricardo Mariano Juárez Prieto, quien acumuló distintas presentaciones contra Medina. Según lo denunciado, el hombre cobraba por la fabricación de muebles y otras tareas de carpintería, pero después no cumplía con los compromisos asumidos con los clientes.
El acuerdo millonario para resarcir a las víctimas
En el marco del proceso, Medina y las diez personas perjudicadas llegaron a un entendimiento. El juez Diego Manuel Sanz aprobó las propuestas de reparación integral, que incluyen la devolución del dinero bajo condiciones pactadas de manera individual con cada víctima.
Los compromisos económicos totalizan $8.023.006,89. A esa cifra se le suma la entrega de un mueble desayunador con especificaciones técnicas particulares, que forma parte de uno de los acuerdos alcanzados.
El pago no será en un solo acto: la resolución contempla distintas modalidades, como pagos únicos y cuotas mensuales, con vencimientos que van de octubre de 2026 a febrero de 2027. Todo deberá canalizarse a través de la Oficina de Medidas Alternativas (OMA), según el cronograma establecido por la Justicia.
La causa sigue abierta y con restricciones para el imputado
Aunque la reparación integral ya fue homologada, el expediente penal no está cerrado. El magistrado prorrogó por 180 días la investigación penal preparatoria y, por el mismo lapso, extendió las medidas cautelares que recaen sobre Medina.
Entre esas obligaciones, el imputado debe seguir sometido al proceso, presentarse cada quince días en la dependencia policial que corresponda, abstenerse de salir de la provincia o del país sin autorización judicial y mantener retenidos sus documentos de viaje.
La extinción de la acción penal quedará supeditada al cumplimiento efectivo de todos los compromisos asumidos con los damnificados. Recién cuando se cancelen las sumas acordadas y se concrete la entrega pendiente, Medina podrá solicitar el sobreseimiento.
