Diez vecinas denunciadas por la intendenta de Graneros: la Justicia tomó una decisión
La denuncia de la intendenta parecía tener respaldo. Diez segundos de video y una camioneta sin golpes cambiaron el escenario: la Justicia cerró la causa contra las vecinas de Graneros.
El juez Enrique Martín Cacici, del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Concepción, dictó el sobreseimiento definitivo de diez vecinas de Graneros que habían sido denunciadas penalmente por la intendenta Raquel Graneros. El magistrado concluyó que no hay pruebas suficientes para acreditar los delitos que se les atribuían.
Las mujeres habían reclamado asistencia social para las familias golpeadas por las inundaciones en la zona. La causa quedó cerrada y las diez quedaron desvinculadas de los hechos.
Cómo empezó todo
El conflicto se remonta al 28 de abril, cuando las vecinas intentaron entregarle un petitorio a la intendenta a la salida de una misa en la Iglesia Inmaculada Concepción.
Según la denuncia de Graneros, en ese encuentro sufrió amenazas, intimidaciones y agresiones, y sostuvo que las manifestantes provocaron daños en una camioneta de su hermano.
Las cámaras de seguridad del municipio, sin embargo, no respaldaron esa versión. De acuerdo con los registros, el contacto entre las mujeres y la funcionaria duró unos diez segundos: la intendenta subió al vehículo sin detenerse a recibir el petitorio y no se observaron golpes contra la camioneta ni agresiones físicas.
Imputación y restricciones
Pese a eso, la denuncia avanzó como investigación penal contra las diez vecinas, que fueron imputadas en una audiencia del 2 de junio. Desde entonces debieron cumplir restricciones judiciales mientras el proceso seguía su curso.
Este martes, Cacici resolvió el sobreseimiento definitivo al entender que no existían elementos probatorios suficientes para sostener las acusaciones.
La otra causa que enfrenta la intendenta
La resolución se conoció mientras Raquel Graneros enfrenta otra denuncia penal, en este caso por presunto enriquecimiento ilícito. La presentaron el 9 de junio el legislador Manuel Courel, el concejal Luis Escobar y el dirigente Luis Díaz Augier.
Los denunciantes pidieron que se investigue la supuesta adquisición de una propiedad valuada en más de un millón de dólares en el country Las Yungas, en Yerba Buena, y que se determine el origen de los fondos utilizados.
Sobre ese expediente todavía no hay una resolución judicial definitiva, por lo que la responsabilidad de la intendenta en esa causa no ha sido establecida.
