Dijo que el Concejo "debe sesionar" y apuntó contra la designación de un procesado por abuso sexual

El concejal de Río Gallegos por Unión por la Patria, Martín Chávez, salió a cuestionar con dureza la designación de Fernando Españón en un área del Gobierno provincial y, en paralelo, reclamó que el Concejo Deliberante capitalino retome sus sesiones ordinarias, en medio de la crisis por falta de fondos.

En diálogo con Radio LU12 AM680, Chávez destacó el repudio aprobado en la última sesión ordinaria contra la designación del exintendente de 28 de Noviembre, quien acumula denuncias y causas judiciales. Según explicó, la iniciativa contó con cuatro votos de las bancadas, mientras que los representantes de SER no acompañaron la resolución.

El edil apuntó contra la postura de los oficialistas y habló de una “disciplina partidaria estricta” que, a su entender, condiciona el funcionamiento institucional. “Contamos con cuatro votos de las bancadas para repudiar la designación del exintendente de 28 de Noviembre, multidenunciado, procesado por abuso sexual, por abuso de autoridad”, señaló.

Chávez recordó que los cuestionamientos contra Españón no son nuevos y que ya tuvieron consecuencias políticas en el pasado. “En el caso de abuso sexual se le endilgan varios hechos. Esto ya fue motivo de su remoción en el Poder Legislativo de la provincia”, afirmó.

En ese marco, cuestionó que posteriormente haya sido designado en la Dirección de Área de Frontera del Ministerio de Gobierno de Santa Cruz. “Tiempo después nos encontramos con la desagradable sorpresa de su designación en la Dirección de Área de Frontera del Ministerio de Gobierno de la provincia de Santa Cruz”, expresó, y agregó: “Una cartera que está conducida por una mujer, en donde se firma una resolución designando una persona con estos antecedentes”.

La pelea por los fondos del Concejo

Otro de los ejes de la entrevista fue la situación del Concejo Deliberante de Río Gallegos, luego de que su presidenta, Daniela D’Amico, denunciara dificultades presupuestarias y hasta falta de recursos básicos para el funcionamiento cotidiano del cuerpo.

Chávez sostuvo que ese problema no puede usarse como excusa para frenar las sesiones y recordó que el funcionamiento del órgano legislativo está marcado por la normativa vigente y las decisiones de mayoría. “Es una obligación de los concejales sesionar. No es una prerrogativa, no es una facultad, no es opcional. Nosotros somos servidores públicos”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que las oficinas del Concejo siguen operando y que la falta de papel o insumos no debería trabar el desarrollo de las sesiones ordinarias. “La falta de papel no puede ser un argumento para que no haya sesiones”, remarcó.

El edil también apuntó contra los gastos del cuerpo deliberativo y mencionó una compra de chocolate por 1,2 millones de pesos, aunque aclaró que desconoce el destino concreto de esa erogación. “Creo que la ciudadanía está pasándola realmente muy mal como para que nosotros estemos gastando, malgastando nuestro tiempo en esta chicana”, señaló.

Llamado a la “seriedad política”

Chávez planteó que la discusión debería centrarse en buscar soluciones para los problemas de los vecinos y exigió mayor responsabilidad a la dirigencia. “Es tiempo de seriedad y de madurez política. Debemos estar a la altura de las circunstancias”, sostuvo.

En ese marco, insistió en que el Concejo Deliberante funcione con normalidad y que las diferencias políticas no terminen afectando las obligaciones institucionales. También vinculó el debate con la situación económica que atraviesa Río Gallegos y remarcó que la dirigencia debería enfocarse en las dificultades diarias de vecinos, comerciantes y trabajadores.

Para Chávez, tanto la pelea por los recursos del Concejo como la polémica por Españón forman parte de una discusión más amplia sobre el funcionamiento de las instituciones y la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos.