Dijo que no: el femicida de Campo Quijano se negó a darles sus bienes a sus hijos y la Justicia tomó una drástica decisión

A casi seis meses del femicidio de Natalia Cruz, la Justicia embargó los bienes de Orlando Serapio para garantizar el futuro de sus dos hijos, de 11 y 18 años. El acusado se había negado a ceder su patrimonio voluntariamente.

El crimen ocurrió el 17 de febrero en el barrio Luz y Fuerza de Campo Quijano. Desde entonces, la causa contra Orlando Serapio sumó un nuevo capítulo: un embargo preventivo sobre sus bienes y una inhibición general que le impide disponer de ellos.

La abogada querellante, Sol Pastrana, explicó a Que Pasa a la Mañana que primero intentaron un acuerdo extrajudicial. “Buscamos un acuerdo previo para asegurar el patrimonio de los chicos y la respuesta fue negativa”, afirmó. Ante la negativa, la Justicia actuó de oficio.

¿Qué bienes quedaron bajo embargo?

La medida cautelar alcanza un auto, una motocicleta y los derechos sobre un inmueble. Además, la inhibición general impide a Serapio vender, regalar o gravar cualquier otro activo mientras avance la causa penal.

Para Pastrana, esta decisión “garantiza que el día de mañana tengan una reparación integral e indemnizatoria que por derecho les corresponde”.

Nueve policías imputados por negligencia

En paralelo, la investigación por las fallas en la custodia de Natalia Cruz sumó nueve imputados. Se trata de efectivos de la Comisaría de Campo Quijano que no ejecutaron la medida de protección ordenada por el Juzgado de Violencia Familiar y de Género.

Las audiencias de imputación comenzaron entre el 21 y el 22 de julio, y la última está prevista para el 28 de julio. Los abogados Sol Pastrana y Federico Vanni confirmaron el avance del proceso.

Dentro del expediente salieron a la luz graves irregularidades: el jefe de la comisaría se tomó el día y dejó al frente a un cadete sin rango, y se constató el envío de un informe falso que aseguraba rondas de custodia que nunca se realizaron.

El caso de Natalia Cruz expone no solo la violencia machista, sino también las fallas del Estado en la protección efectiva. Con el embargo, la Justicia busca asegurar un piso de estabilidad para los hijos de la víctima mientras avanza el juicio penal contra el imputado y los policías involucrados.