Dina Huapi: la disputa por el salario de la directora del coro terminó en el STJ

La pulseada entre el intendente Hugo Cobarrubia y el Concejo Deliberante por el sueldo de la directora del coro municipal escaló hasta el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro. El máximo tribunal provincial ya tiene en sus manos un expediente para definir si la ordenanza que fijó ese pago es constitucional o no.

¿Cuál es el origen del conflicto?

Todo comenzó en enero pasado, cuando dos de los tres concejales opositores aprobaron una ordenanza que obligaba al Ejecutivo a contratar con honorarios fijos a la responsable del coro. Hasta ese momento, sus ingresos dependían del presupuesto general de la formación, que sufrió recortes en los últimos años.

La autora del proyecto, la exintendenta Mónica Balseiro, contó que la directora "no cobró un peso del municipio" desde que arrancó la controversia. Aun así, el conjunto sigue ensayando y se presenta en los actos oficiales. "Llegaron a hacer venta de tortas para reunir fondos y funcionar", aseguró.

La postura del Ejecutivo

Del lado del gobierno municipal, la excusa inicial fue la falta de presupuesto: la ordenanza no especificaba de qué partida saldría el dinero. Sin embargo, no fue vetada en su momento. Balseiro dijo que después presentó una norma complementaria para corregir ese punto, pero ahí sí Cobarrubia la vetó y el Concejo la ratificó. Como no se cumple, la decisión fue judicializar el tema.

El intendente, consultado por este medio, defendió su postura: aseguró que el coro tiene un presupuesto anual de seis millones de pesos, que le parece suficiente, y que la remuneración fijada por ordenanza "duplicaba" lo que ganan, por ejemplo, los profesores de deportes contratados por el municipio. Para Cobarrubia, la pulseada "es más política que de sentido común" y su objetivo es "cuidar el recurso de los vecinos" y priorizar arreglar las calles tras las lluvias y nevadas.

Qué dice el STJ

La suerte de la ordenanza 927/2026 quedó ahora en manos de los jueces provinciales. El municipio no solo pidió declarar su inconstitucionalidad, sino también una "declaración de certeza" sobre cómo debe determinarse y actualizarse ese salario.

El procurador general Jorge Crespo opinó que la competencia del STJ estaba "extinguida" por el vencimiento de los plazos. Pero el Superior Tribunal no le hizo caso: en una medida interlocutoria firmada ayer, resolvió que la demanda "reviste la naturaleza jurídica de una acción de inconstitucionalidad" y corrió traslado a las partes para seguir el proceso.

El máximo tribunal provincial sostuvo que la ordenanza "regula aspectos de una actividad cultural desarrollada por el municipio" y que el artículo impugnado impone obligaciones al Ejecutivo. Agregó que el reclamo patrimonial no obsta esa conclusión, porque la demanda se funda en "la inobservancia de los requisitos establecidos en la Carta Orgánica Municipal para la aprobación y sanción de una ordenanza".