Diputada apunta contra la emergencia energética: “No resuelven el tema de fondo”
¿Sabés qué hay detrás de la emergencia energética? Una diputada revela los puntos que el gobierno no quiere que sepas.
La diputada provincial Noemí Isasmendi analizó el decreto del gobierno en medio de la crisis del servicio eléctrico y cuestionó los elevados costos de las facturas. Advirtió sobre la falta de transparencia de SUSEPU y EJESA, y no descartó pedir la interpelación de funcionarios.
Desbordado por la crisis, el gobierno declaró la emergencia energética y tarifaria hasta el 31 de diciembre de 2027. La medida extiende el plazo de corte por falta de pago a 20 días del vencimiento de la segunda factura, prohíbe el retiro de medidores, intereses punitorios y refinanciaciones de deuda.
¿Paliativos que no alcanzan?
Isasmendi dialogó con Radio 2 y sostuvo que se trata de “paliativos que no resuelven el tema de fondo”, ya que no impactan en el valor real de la tarifa ni garantizan las inversiones en la red. Apuntó contra la Secretaría de Energía: “El oficialismo sigue bloqueando los pedidos de informe. Si la empresa no cumple, el Estado no va a tener otra opción que evaluar la revocación del contrato”.
La legisladora recordó que hace dos meses presentó un proyecto de Ley de Emergencia Energética para proteger a jubilados, electrodependientes y personas con discapacidad. “No podemos pagar una de las boletas de luz más caras de la región con un servicio deficiente”, aseveró.
Tarifa social que no llega
En sus recorridas por Libertador, Yuto y Santa Clara, Isasmendi constató que la tarifa social promocionada no alcanza a familias en extrema vulnerabilidad. Jubilados con el haber mínimo reportan facturas elevadas sin figurar en los padrones de beneficio. Cuestionó además el rol del parque solar Cauchari, cuya producción se inyecta al sistema nacional para luego recomprarse a costos superiores.
Contratos bajo la lupa
Uno de los puntos más críticos es el contrato entre JEMSE y SECCO para energía fotovoltaica a un valor estimado de 79 USD por megavatio, costo que se traslada a la factura. Sospechan que los usuarios financian proyectos en construcción o sin operatividad plena. Isasmendi denunció omisiones en respuestas oficiales: SUSEPU no desglosa contratos ni menciona el costo de SECCO, y EJESA omite especificar a qué empresas compra energía diferencial.
