Diputados aprobó la ley de propiedad privada: el cambio clave que impacta en Salta

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. Como el texto sufrió modificaciones respecto del que envió el Senado, ahora debe volver a esa Cámara: la votación no implica que las medidas ya estén en vigencia.

La sesión mezcló tres temas que suelen confundirse: propiedad privada, discapacidad y endeudamiento. Son proyectos distintos, aunque se hayan debatido el mismo día. Para Salta, cada uno tiene efectos concretos que conviene analizar por separado.

Tierras rurales: compra extranjera con límites

El texto aprobado restituye la Ley de Tierras Rurales, que había sido derogada por el DNU 70/23 y luego quedó envuelta en decisiones judiciales. Ese punto ya estaba en el dictamen de comisión antes de la sesión.

La norma fija que la propiedad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales, con topes nacionales y también territoriales. No se prohíbe toda compra por parte de extranjeros: se establecen condiciones. Por ejemplo, un máximo de 1000 hectáreas por titular en la zona núcleo, o una superficie equivalente en otras regiones.

Para Salta el tema pesa por sus campos y sus zonas de frontera. Una operación rural realizada por una persona o empresa alcanzada por la ley deberá respetar esos controles. Tampoco significa que comprar un terreno otorgue derechos mineros: son trámites diferentes.

Desalojos: buscan acelerar la recuperación de inmuebles

El proyecto propone acortar los procedimientos judiciales para recuperar propiedades usurpadas. No habilita al dueño a sacar personas por su cuenta: sigue siendo necesaria la intervención de un juez y la acreditación de sus derechos.

En Salta, el alcance concreto dependerá del texto definitivo y de las reglas de cada proceso. El debate enfrenta dos preocupaciones: la demora que sufren los propietarios para recuperar un inmueble y la protección de quienes atraviesan conflictos habitacionales o de posesión. En comisión también hubo advertencias sobre las comunidades originarias.

Discapacidad: una pensión del 70% de la jubilación mínima

En otro proyecto, el oficialismo propone un régimen permanente que conserve beneficios de la emergencia. Incluye una pensión equivalente al 70% de la jubilación mínima y compatibilidad con trabajo registrado o monotributo bajo ciertas condiciones. Si la jubilación mínima fuera de $100, la pensión sería de $70: un ejemplo para entender la proporción.

Para las familias salteñas también importa cómo se pagan terapias, traslados y otras prestaciones. La propuesta contempla actualizaciones de aranceles y cobertura de Incluir Salud. No significa que cualquier persona con Certificado Único de Discapacidad obtenga automáticamente una pensión. Organizaciones del sector cuestionaron el proyecto y reclamaron garantías de atención y presupuesto.

Deudas: informar mejor no es refinanciar

En endeudamiento hay dos enfoques. El oficialismo prioriza información clara sobre créditos y prevención de fraudes. La propuesta opositora plantea, bajo requisitos específicos, refinanciar deudas, limitar las cuotas respecto de los ingresos y eliminar intereses por atraso.

Para un salteño que no llega a pagar la tarjeta, la diferencia es concreta: conocer mejor los costos ayuda al contratar; un plan de refinanciación busca aliviar una deuda existente. No corresponde anunciar una quita o nuevas cuotas disponibles mientras esas medidas sigan siendo propuestas.