Diputados debate cinco leyes clave: la que limita tierras a extranjeros y la que acelera desalojos

La Cámara de Diputados se reúne este miércoles en una sesión especial con un temario cargado: cinco proyectos que van desde la inviolabilidad de la propiedad privada hasta la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, pasando por discapacidad, endeudamiento familiar y vandalismo rural. Algunos llegan con media sanción del Senado, otros con dictamen cerrado y uno con el peso de una tragedia sanitaria reciente.

Propiedad privada: la pelea por la Ley de Tierras

El proyecto estrella arriba a la Cámara baja con media sanción, pero bastante desarmado: la oposición peronista en el Senado le volteó el capítulo de la Ley de Manejo del Fuego y también el que pretendía derogar la Ley de Tierras Rurales, porque el artículo 154 del DNU 70/23 ya estaba derogado.

La paradoja es que ahora el Gobierno busca restituir esa norma en Diputados, después de que la sociedad mostrara los dientes contra la extranjerización y la oposición amenazara con tirar abajo todo el DNU 70. Así, se reafirmarían los límites del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, más el tope de 1000 hectáreas en zonas núcleo, espejos de agua y fronteras.

Lo que queda en pie tras la poda en el Senado son los capítulos que modifican la Ley de Expropiaciones —restringiendo la capacidad estatal de declarar utilidad pública sobre inmuebles— y la reforma de la ley de Desalojos, que apunta a acortar los tiempos judiciales para restituir propiedades usurpadas o con tenencias irregulares.

En expropiaciones, el dictamen de mayoría fijó un tope del 30% de indemnización por lucro cesante si está debidamente acreditado; el proyecto original no ponía porcentaje. Los opositores sostienen que indexar el derecho público y el bien común al cálculo del éxito comercial de una empresa privada desvirtúa la "función social de la propiedad".

Para los desalojos por usurpación, el juez podrá disponer la entrega inmediata del inmueble e intimar la devolución en 72 horas si lo pide el propietario, que deberá acreditar la titularidad con prueba documental. En los desalojos por mora, tras la intimación de pago los inquilinos tendrán al menos 10 días para regularizar deudas antes de que el locador inicie la acción, contados desde la notificación.

Hay además un protocolo de vulnerabilidad: plazo máximo de 10 días para garantizar una alternativa habitacional transitoria, con intervención del Ministerio Público Tutelar, cuando en la ocupación haya menores, personas con discapacidad o adultos mayores desamparados.

El texto también modifica la ley "Pierri" de regularización dominial para que accedan a la escritura de vivienda única las familias con posesión pacífica demostrable durante los 10 años previos. Y reconoce la "ocupación temporánea anormal" por 90 días, prorrogable por única vez en circunstancias graves verificables de necesidad pública, como emergencias sanitarias, conflictos armados o desastres naturales.

Discapacidad: de emergencia a norma permanente

El oficialismo tiene el dictamen cerrado tras concesiones pedidas por Argentina Federal y el MID, así que no debería pasar apuros. El proyecto "Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad" recoge casi todo el esquema de beneficios de la ley 27.793, pero le quita el carácter de emergencia y transitoriedad para convertirla en norma de orden público, con efectos permanentes que exceden a los gobiernos de turno.

Para La Libertad Avanza es una versión "superadora" de la ley de emergencia que la oposición —Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y Elijo Catamarca— busca prorrogar un año más, hasta el 31 de diciembre de 2027.

Se mantiene la compatibilidad entre la pensión contributiva por discapacidad (70% del haber jubilatorio mínimo) para titulares del CUD y tener empleo formal o monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles. También sigue el nomenclador único, la indexación automática de aranceles por movilidad jubilatoria y la cobertura básica del Plan Federal Incluir Salud para quienes cobran la pensión.

En financiamiento, la asignación del Ministerio de Salud no podrá ser inferior en términos reales al ejercicio anterior. Se crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo, y se incorporó a pedido de aliados una cláusula transitoria con cronograma para pagar compensaciones atrasadas a prestadores, con plazo máximo de 30 días para la reglamentación del PEN.

La oposición defiende la prórroga porque la emergencia genera mayor exigibilidad ante los jueces para resolver las 324.303 solicitudes de pensión pendientes y las compensaciones impagas. Argumentan que el proyecto oficialista separa la pensión por invalidez laboral de la de discapacidad, endurece requisitos, delega en la reglamentación la evaluación de acceso y compatibilidad laboral, y permite suspender pensiones sin debido proceso por simple cruce de datos. Tampoco, advierten, garantiza el financiamiento ni el pago de la deuda con prestadores ni el atraso arancelario del 30,67%.

Endeudamiento familiar: transparencia contra alivio

El dictamen de mayoría es del oficialismo con el PRO y la UCR. La "Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores" apunta a informar en detalle sobre créditos para prevenir situaciones irregulares, pero no fija tasas máximas ni planes de refinanciación para deudores críticos.

Sus ejes: transparencia y acceso a la información de créditos al consumo —con foco en los de corto plazo, los de tasas más altas—, precancelación de deudas, trazabilidad completa de obligaciones y acceso gratuito al perfil de riesgo en bancos y plataformas.

El proyecto de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, en cambio, declara la emergencia por 180 días y propone refinanciar en al menos 12 cuotas, con adhesión para moras de más de 60 días y montos de hasta dos canastas básicas totales hogar tipo 2 (hoy 3.265.010 pesos). La cuota máxima no podrá superar el 30% de los ingresos.

El trámite es ante el propio acreedor y, si este no admite la gestión, interviene el Banco Central. También pone un límite a la tasa vinculado al Costo Financiero Total, con ganancia moderada para los acreedores vía plus sobre la TAMAR, condona el 100% de los intereses punitorios —respetando el capital—, limita los compensatorios e incluye capítulos de portabilidad financiera, cobranzas abusivas y educación financiera.

Medicamentos de alto riesgo: la respuesta al fentanilo

Un dictamen único firmado por unanimidad crea el Sistema Nacional de Alerta y Trazabilidad de Eventos Críticos en Salud, con foco en medicamentos de alto riesgo. La autora principal es Silvana Giudici (La Libertad Avanza) y la iniciativa responde a la tragedia sanitaria iniciada en abril de 2025, cuando el fentanilo contaminado de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo causó al menos 90 muertes y afectó a otras 44 personas.

Tras esa crisis, Diputados creó por unanimidad una Comisión Especial Investigadora cuyo informe final recomendó la trazabilidad de medicamentos críticos. El debate arrancó el 8 de septiembre del año pasado y el dictamen incorporó aportes de los diputados Pablo Juliano (Provincias Unidas) y Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria).

El texto establece la trazabilidad obligatoria y en tiempo real de fármacos inyectables parenterales —intravenosos, intramusculares, intratecales, entre otros— y de sus materias primas. Busca “establecer el deber de notificación inmediata por parte de las instituciones de salud públicas y privadas respecto del uso de medicamentos de alto riesgo, la ocurrencia de brotes infecciosos intrahospitalarios y la aparición de eventos adversos graves que puedan comprometer la salud pública”.

Se exige registro digital en cada etapa —importación, producción y distribución— hasta la administración efectiva del medicamento, vinculada al identificador clínico del paciente dentro del establecimiento. Se crea un Protocolo de Eventos Críticos de Salud que se activa ante sospechas de contaminación o eventos adversos y obliga a notificar en simultáneo a Nación, Provincias y ANMAT dentro de las 24 horas.

También nace el SNATECS, obligatorio y digital, bajo la órbita de la ANMAT, que permite dar aviso inmediato a nivel nacional y bloquear preventivamente lotes sospechosos en un máximo de 6 horas. Habrá régimen sancionatorio especial para faltas graves como falsedad u omisión de datos de trazabilidad o incumplimiento de inmovilizaciones, con multas elevadas, suspensiones, clausuras definitivas y decomiso. La aplicación será federal, articulada por el COFESA, con alcance a todas las jurisdicciones.

Vandalismo rural: hasta 8 años de cárcel

Impulsado por el PRO y avalado por LLA, la UCR, Provincias Unidas y bloques provinciales, el proyecto del diputado Martín Ardohain busca incorporar la figura del vandalismo rural al Código Penal, con penas de hasta 8 años de cárcel por intrusión en campos y ataques al sistema de producción agropecuaria.

La iniciativa reprime con prisión de un mes a un año a quien ingrese a un establecimiento rural, terreno o sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo. Y castiga con dos a ocho años y multas de hasta 12 veces el valor del daño a quien destruya o dañe el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura del establecimiento, o cereales u oleaginosas todavía no cosechadas, o que luego de recolectadas se conserven en parvas, gavillas, bolsas, silobolsas, tolvas u otros sitios o unidades de almacenamiento.