Diputados: el oficialismo avanzó con la ley de Malvinas y la oposición estalló

La Libertad Avanza logró este lunes el dictamen de mayoría para el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional tras un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. La iniciativa sumó 60 firmas sobre 104 legisladores presentes, con el respaldo del PRO, la UCR y otros aliados, mientras Unión por la Patria y el Frente de Izquierda se plantaron en contra. El Gobierno quiere llevarla al recinto el 12 de noviembre.

El plenario lo condujeron los libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, al frente de cada comisión. Además de La Libertad Avanza, firmaron el PRO, la UCR, un sector de Provincias Unidas, Adelante Buenos Aires y Argentina Federal, que acompañó con disidencia parcial.

El peronismo juntó 38 adhesiones para su dictamen de minoría. Hubo, además, otro dictamen con cuatro firmas de Provincias Unidas y uno de rechazo presentado por Myriam Bregman, del Frente de Izquierda.

Qué contempla el proyecto

El corazón del texto es un régimen de sanciones para la explotación no autorizada de recursos naturales vinculados con las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

La norma prevé penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para las conductas que se aparten de la autorización argentina. También fija consecuencias económicas para las personas y empresas alcanzadas, que podrían quedar impedidas de operar en el país, contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales.

El texto incluye, asimismo, cambios en la estructura de seguridad nacional y en varios aspectos de la legislación de inteligencia.

Los cruces del plenario

El debate estuvo atravesado por las críticas de Unión por la Patria, que apuntó tanto al procedimiento como al contenido. “Es un dictamen entre gallos y medianoche”, disparó la diputada Agustina Propato. “No sabemos qué dictamen se está firmando. Hay obscenos abusos de poder y lo vamos a rechazar”, completó.

Juan Marino se sumó a la embestida y cuestionó que el oficialismo avanzara sin repartir el texto entre los legisladores. “No tenemos el dictamen del oficialismo y se está dictaminando”, sostuvo, y reclamó la renuncia del canciller Pablo Quirno.

Juan Grabois fue por más y puso el foco en las modificaciones incorporadas al proyecto. “¿Los norteamericanos le pidieron modificaciones?”, le preguntó a Zapata. La respuesta del libertario fue escueta: “No le puedo contestar”.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, exigió que se tomaran en cuenta las propuestas de su bancada. Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman marcó que la oposición se enteró por la prensa de la firma de los dictámenes: “Siempre nos enteramos por la prensa la firma de los dictámenes”. El socialista Esteban Paulón anunció que su espacio presentó un dictamen de minoría y tildó de “invotable” la propuesta oficialista.

La defensa del proyecto quedó en manos de los libertarios Federico Pelli, Laura Rodríguez Machado y Damián Arabia. Antes del plenario, a pedido de la diputada Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires, expusieron representantes de la Fundación Poder Ciudadano encabezados por Martín D’Alessandro.

Los cambios que se negociaron con los aliados

La diputada libertaria Silvana Giudici llevó adelante las negociaciones con los bloques aliados para retocar el texto. Entre las modificaciones se precisaron las funciones del Consejo de Seguridad y se sumaron mecanismos de control parlamentario.

A partir de un planteo del MID, el dictamen prohíbe expresamente que el Consejo intervenga en cuestiones de seguridad interior, con excepciones operativas para infraestructuras críticas y protección marítima.

También habilita la convocatoria de autoridades legislativas, provinciales y del Ministerio de Seguridad Interior, e incorpora la participación del presidente de la Cámara de Diputados y del presidente provisional del Senado. Así, deja afuera a la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, que viene endureciendo sus críticas a la gestión presidencial.

En materia de control, la Comisión Bicameral deberá ser informada en 48 horas sobre sanciones, medidas urgentes y decisiones de inversión. Se prevé además un control posterior de las medidas que impidan vuelos o contemplen hundimientos. El organismo tendrá cuatro senadores y cuatro diputados, con deber de secreto y acceso limitado a la información.

El delito de desinformación, reescrito

El proyecto también mete mano en la figura penal de la “desinformación masiva”. La referencia a “campañas coordinadas de desinformación masiva” se reemplaza por la de “campaña de injerencia extranjera”, definida a partir de actuaciones planificadas, sistemáticas o sostenidas, de carácter clandestino, engañoso, coercitivo o ilícito, que oculten el vínculo con el exterior.

La modificación exige que se conozca la relación con un agente extranjero y excluye de forma expresa la actividad diplomática, el periodismo, la investigación académica y la representación abierta de intereses. Aun así, se mantiene la pena de cinco a 12 años de prisión. Quedan abiertos los interrogantes sobre la precisión de la figura, su impacto en la libertad de expresión y los requisitos para probar la intención y el vínculo extranjero.

El pedido de Estados Unidos y el alcance de las sanciones

Los retoques llegaron después de las reuniones que Javier Milei y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, mantuvieron el viernes en la Casa Rosada. En esos encuentros, la administración estadounidense advirtió sobre las posibles consecuencias de las sanciones del primer capítulo para empresas de ese país.

Ese apartado apunta a las compañías vinculadas con el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas, impulsado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas. También alcanza a empresas asociadas a ellas en otros emprendimientos.

El vocero presidencial confirmó el fin de semana que hubo una reunión en la Casa Rosada para avanzar con la iniciativa, encabezada por la secretaria Legal y Técnica y con diputados nacionales. “Se realizó una reunión de avance del proyecto de ley de Defensa de Soberanía nacional en Casa Rosada, liderada por la secretaria Legal y Técnica, con diputados nacionales donde recibimos aportes del Pro, del MID e incluso del PJ”, señaló.

Y agregó: “La ley de Defensa de la Soberanía es prioridad para este Gobierno porque la causa Malvinas como ya ha dicho el Presidente es una causa sagrada para los argentinos y ningún otro Gobierno ha hecho más que este para defender lo que es nuestro”.

Entre los cambios en discusión aparece la delimitación del alcance de las sanciones para otras empresas que sean operadoras directas, licenciatarias, proveedoras o accionistas de proyectos que el Gobierno argentino considera ilegales. De esta manera, el oficialismo incorporó planteos de la administración estadounidense en una negociación en la que también jugó un papel relevante el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas.