Diputados exige saber cuántas amenazas de tiroteos hubo en las escuelas de Santa Cruz

La Cámara de Diputados de Santa Cruz quiere respuestas concretas. A través de la Resolución HCD 195/2026, sancionada el 25 de junio y publicada en el Boletín Oficial del 10 de septiembre, solicitó al Poder Ejecutivo provincial un informe detallado sobre las amenazas de tiroteos registradas en establecimientos educativos durante los ciclos lectivos 2025 y 2026.

El pedido, canalizado a través del Consejo Provincial de Educación, apunta a determinar cuántas denuncias hubo en toda la provincia, cómo se actuó en cada caso y qué herramientas tiene el Estado para responder a estos episodios. El plazo para contestar es de 15 días hábiles.

Un mapa provincial de las denuncias

Uno de los puntos centrales de la resolución es la cantidad de denuncias registradas durante 2025 y 2026. La información deberá estar discriminada por localidad, nivel educativo y tipo de gestión de cada institución.

Diputados también pidió que se detalle la intervención de las autoridades educativas en cada episodio: actuaciones administrativas, medidas disciplinarias y participación de equipos interdisciplinarios.

El objetivo es construir por primera vez un mapa provincial de las amenazas y establecer qué mecanismos utilizó Educación ante cada situación.

¿Qué pasa cuando aparece una amenaza en una escuela?

La resolución busca determinar cuáles son los protocolos vigentes frente a amenazas de violencia extrema. El pedido incluye precisiones sobre los procedimientos establecidos, quiénes deben intervenir, los tiempos de actuación y qué mecanismo activa cada protocolo.

Además, se solicitó información sobre estrategias de prevención destinadas a estudiantes, docentes y familias, capacitaciones realizadas y el estado actual de las políticas de convivencia escolar y prevención de situaciones de riesgo.

Otro eje apunta a las redes sociales y los entornos digitales utilizados por niños y adolescentes. La Legislatura quiere saber qué herramientas existen para detectar tempranamente conductas de riesgo y qué articulación se realiza con las áreas de Niñez, Salud, Justicia y Seguridad.

Articulación con organismos nacionales

El documento va más allá de la órbita provincial: solicita al Ejecutivo que articule con organismos nacionales, entre ellos el ENACOM y las áreas nacionales de Niñez y Seguridad, acciones para prevenir y canalizar denuncias vinculadas con contenidos o prácticas difundidas en redes sociales que puedan promover conductas de riesgo.

También insta al Consejo Provincial de Educación a fortalecer las políticas de prevención de la violencia escolar y a avanzar en la elaboración o actualización de protocolos específicos.

El antecedente de Río Gallegos

El pedido adquiere especial relevancia por los episodios que tuvieron fuerte repercusión este año en Río Gallegos. Durante abril, mensajes intimidatorios en establecimientos educativos obligaron a activar intervenciones policiales, judiciales y preventivas.

Las amenazas escritas en baños, paredes y otros sectores de las escuelas provocaron denuncias y actuaciones judiciales, además de preocupación entre familias, docentes y estudiantes.

Con el pedido legislativo aparece ahora una pregunta más amplia: ¿cuántos casos se produjeron realmente en toda Santa Cruz durante 2025 y 2026? La respuesta debería permitir conocer por primera vez un mapa provincial de las denuncias y, al mismo tiempo, establecer qué mecanismos fueron utilizados por Educación ante cada situación.

La Resolución 195 surge de la unificación de los proyectos 158, 169 y 174 de 2026 y fue aprobada por la Cámara de Diputados el 25 de junio.