Diputados le mandaron una carta al FMI por el Presupuesto y apuntan a tres maniobras

Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria puso la lupa sobre el Presupuesto 2027 y decidió llevar la discusión puertas adentro del Fondo Monetario Internacional. En una carta dirigida a la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, y a todo su staff, los legisladores advirtieron sobre "inconsistencias, opacidad y discrecionalidad" en el proyecto que el Gobierno envió al Congreso.

La misiva fue firmada por autoridades e integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del bloque, que expresaron su "profunda preocupación" por la iniciativa y alertaron sobre "los graves riesgos institucionales y fiscales que presenta", con la mira puesta en un año electoral.

Entre los firmantes aparece el pampeano Ariel Rauschenberger, junto a nombres como Agustín Rossi, Cecilia Moreau, Victoria Tolosa Paz, Julia Strada, Itai Hagman, Germán Martínez, Pablo Yedlin y Gustavo Bordet, entre otros.

Por qué involucran al FMI

El argumento central de los opositores es que el organismo de crédito no es un espectador pasivo. "El FMI no sólo evalúa el desempeño macroeconómico de la Argentina y actualiza sus proyecciones, sino que también introduce modificaciones en metas cuantitativas originalmente pactadas (como el propio Gobierno lo reconoce). Por tal motivo, el Fondo también es responsable de este Presupuesto 2027", sostuvieron.

La carta, difundida por El Parlamentario, apunta a tres puntos que, según los legisladores, quitan razonabilidad al proyecto.

Los tres problemas que marcan

El primero tiene que ver con el RIGI. Los diputados aseguran que "el superávit está sobreestimado, ya que oculta el gasto tributario del RIGI". El Gobierno propone un superávit primario de la Administración Pública Nacional de $ 15,4 billones, cerca del 1,1 % del PIB, pero ese número no contempla el gasto tributario del régimen de incentivos, estimado en USD 3.359 millones anuales, equivalentes a 0,49 puntos del PBI cuando el proyecto esté en "plena ejecución".

"De verificarse las inversiones y su costo, esta merma de recaudación podría poner en severo riesgo la consolidación del resultado primario propuesto", advirtieron, y calificaron la subvaluación del gasto tributario como "una práctica reñida con los principios de buena gestión presupuestaria".

El segundo punto es la Jurisdicción 91, que "tiene asignaciones presupuestarias que otorgan total discrecionalidad al Gobierno". Según detallaron, pasa de 5,6 a 14,8 billones, y de ese total, $ 7,7 billones quedan "sin ley ni criterio". "No tiene programas con metas físicas, simplemente es 'Obligaciones a Cargo del Tesoro'. Ningún artículo del proyecto crea ese programa ni fija criterio de reparto. ¿Para qué sirve? Es la plata con la que se 'auxilia' (presiona) a la provincia que no llega a pagar sueldos o necesita fondos", alertaron.

El tercer cuestionamiento apunta a la inversión financiera neta, que "se duplica en términos nominales" entre 2026 y 2027: 9,8 billones este año contra 17,4 billones el próximo. Para los firmantes, eso significa que el Poder Ejecutivo propone aplicar parte del superávit financiero o de las fuentes financieras netas al incremento de "inversiones financieras temporarias" o de "caja y bancos".

En ese marco se preguntaron: "¿Cuál es la razonabilidad de desfinanciar políticas públicas prioritarias o de endeudarse con el fin de acumular bolsones de liquidez o financiar inversiones financieras invisibilizadas que carecen de justificación y propósito y no ocuparse de la discapacidad, la educación, el cumplimiento de la ley (por la retención del impuesto a los combustibles) o la inversión en obra pública?".

El pedido de claridad

"Consideramos que los tres puntos reseñados quitan razonabilidad al proyecto de ley de Presupuesto 2027, lo tornan opaco en sus justificaciones e incierto en su ejecución por los márgenes de discrecionalidad que el PEN parece pretender para su administración", sentenciaron.

Rauschenberger puso el foco en lo que, a su entender, debería ser el corazón del debate: "El debate sobre el Presupuesto 2027 es si los ingresos, los gastos, los intereses de la deuda y el destino de los recursos están reflejados con suficiente claridad para que el Congreso y la sociedad puedan saber cuál es realmente la situación de las cuentas públicas".