Diputados van a la Justicia para frenar la venta de tierras en Península de Magallanes

Un grupo de diputados provinciales de la oposición presentó un amparo ante el Juzgado Federal de Río Gallegos para intentar detener la venta de dos parcelas dentro de la Península de Magallanes, en Santa Cruz. La presentación, que busca una medida cautelar urgente, apunta contra la autorización que el Gobierno provincial otorgó mediante el Decreto 915/2026.

Según informó el medio Ahora Calafate, la acción fue impulsada por Agostina Mora Doldán, Carlos Alegría, Eloy Echazú y Carlos Godoy. Los legisladores piden que, mientras se analiza el fondo de la cuestión, no se avance con la escrituración, la inscripción registral, la entrega de la posesión ni la ejecución de obras en el sector.

El planteo se centra en las parcelas identificadas como G2 y G3, cuya transferencia fue habilitada de manera excepcional por el decreto provincial. Los diputados solicitan que se mantenga sin cambios la situación jurídica y registral de los terrenos hasta que la Justicia resuelva los cuestionamientos de fondo.

El argumento central: la ley de tierras y el DNU 70/2023

Uno de los ejes del amparo es el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del Gobierno nacional, que derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. Esa norma establecía restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros.

Los legisladores sostienen que la discusión sobre la validez constitucional de esa derogación impacta directamente en la operación autorizada en la Península de Magallanes, sobre todo por los cuestionamientos vinculados a la participación de capitales extranjeros en la adquisición de tierras.

Además, el amparo objeta el procedimiento administrativo que derivó en la autorización provincial. Entre los puntos señalados aparecen la ubicación de las parcelas dentro de un área natural protegida y su cercanía a sectores de alto valor ambiental y turístico, como el entorno del Parque Nacional Los Glaciares, el Lago Rico y el glaciar Perito Moreno.

Qué es el proyecto Ecocentro

La presentación judicial se suma a una controversia que hasta ahora se había dado en los ámbitos político, administrativo y legislativo. El Decreto 915/2026 habilitó de manera excepcional una operación inmobiliaria vinculada con el denominado Master Plan Ecocentro, un proyecto turístico previsto para un sector de la Península de Magallanes.

Desde el Gobierno provincial defendieron la iniciativa con argumentos relacionados con la inversión turística, la generación de empleo y el cumplimiento de requisitos ambientales. Sin embargo, la autorización generó cuestionamientos desde distintos sectores por la legalidad del procedimiento, la situación de las tierras y la posibilidad de transferirlas a una sociedad vinculada con capitales extranjeros.

Con la presentación del amparo, el conflicto llegó formalmente a la Justicia Federal. La primera instancia será determinar si se concede la medida cautelar solicitada por los diputados para impedir que la operación avance mientras se analiza la validez de la autorización y los demás planteos jurídicos.

Con información de Ahora Calafate.