Discapacidad en Argentina: la pregunta incómoda que el Estado y la sociedad aún no responden

Mientras la Argentina avanza en derechos para la diversidad, un tema sigue relegado al ámbito privado, cargado de culpa y estigma. La discapacidad sigue siendo pensada como un problema individual o familiar, una carga que las familias deben resolver en soledad, invisibilizando las barreras sociales que la provocan. Un análisis profundo revela las tensiones entre el cuidado, la ciudadanía y el rol del Estado.

En los últimos años, la sociedad argentina ha sancionado leyes transformadoras como la de Matrimonio Igualitario, Identidad de Género, Educación Sexual Integral y Cupo Laboral Travesti-Trans. Sin embargo, en ese mismo escenario, la discusión sobre la discapacidad permanece incómoda y postergada.

Aún hoy, la discapacidad suele encararse como un asunto privado. Esta perspectiva oculta que muchas dificultades no surgen de la condición en sí, sino de los obstáculos sociales, culturales, económicos e institucionales que enfrentan las personas.

Esta concepción se refleja en el discurso público. Un ejemplo claro fue la frase de un funcionario estatal ante un reclamo familiar: “Yo no tengo la culpa de que tu hijo tenga discapacidad”. Más allá del tono, la expresión revela un problema de fondo: la discapacidad aparece como una cuestión personal, como si el Estado no tuviera responsabilidad alguna.

La mirada que estigmatiza

La tensión central reside en que la discapacidad es un problema social y político que interpela al Estado en términos de ciudadanía. La pregunta ya no es solo qué prestación se brinda, sino qué tipo de ciudadanos queremos construir.

Durante años, incluso obtener el certificado de discapacidad –clave para acceder a derechos en salud, transporte o educación– fue vivido con ambivalencia por muchas familias. Para algunos padres, tramitarlo implicaba inscribir a sus hijos en una categoría que podía convertirse en una marca estigmatizante.

El aporte fundamental de Elsa Coriat

En este punto son cruciales los aportes de la psicoanalista argentina Elsa Coriat, quien trabajó extensamente la discapacidad en la infancia. Coriat formuló una idea de enorme potencia: “Un niño no es su diagnóstico”.

Esta frase implica un desplazamiento decisivo. Un diagnóstico nombra una condición, pero nunca define la totalidad de un sujeto. Cuando un niño queda reducido a su diagnóstico, su historia parece predeterminada.

Coriat también sostenía que “el niño se constituye en el campo del deseo de los padres”. Esto significa que la constitución subjetiva se juega en el lugar simbólico que se le ofrece dentro de la familia. Sin embargo, ese campo no debería quedar capturado por la culpa.

Durante mucho tiempo, la discapacidad se leyó en clave de responsabilización familiar. La pregunta por el origen recayó especialmente sobre las madres, reforzando una lógica de culpa. A la histórica asignación social de las tareas de cuidado se suma así una carga simbólica adicional.

Otra idea central de Coriat introduce un cambio fundamental: la discapacidad no determina el destino; lo decisivo es el lugar simbólico que se le ofrece en la trama familiar y social. El desarrollo depende también de las condiciones sociales, institucionales y políticas que permiten su participación.

¿Qué ciudadanía estamos construyendo?

La legislación argentina sobre discapacidad tiene décadas. La Ley de Sistema de Protección Integral fue sancionada hace casi cincuenta años bajo un paradigma centrado en el déficit del sujeto. Ese modelo puso el acento en lo que la persona no puede hacer.

Dentro de ese marco cobró relevancia la figura del tutor, alguien que decide por el sujeto. Esto plantea una pregunta inevitable: ¿qué idea de ciudadanía estamos construyendo cuando hablamos de discapacidad?

Las políticas públicas tienen un rol decisivo. La Ley de Cupo Laboral para Personas con Discapacidad, por ejemplo, establece que el Estado debe garantizar un porcentaje mínimo de puestos en la administración pública. Estas medidas buscan reparar desigualdades históricas.

En el campo educativo también hubo transformaciones. Distintos dispositivos de acompañamiento a las trayectorias escolares buscaron ampliar la inclusión más allá de la escuela especial. La inclusión no depende solo del esfuerzo familiar, sino de decisiones institucionales.

La pregunta tabú sobre el futuro

Existe una cuestión más profunda y pocas veces abordada con seriedad: el futuro de las personas con discapacidad. En la práctica clínica, educativa y en los encuentros con familias, la pregunta por el futuro aparece de manera insistente.

Las dudas se repiten: si podrán trabajar, si tendrán formación para una vida autónoma, si existirán redes de apoyo cuando los padres ya no estén. Cuando el sistema de cuidado no se sostiene por políticas públicas consistentes, estas preguntas refuerzan la culpa familiar.

Así se instala un padecimiento disfrazado de cuidado. Las familias asumen responsabilidades que deberían ser sociales. Cuando el Estado se retira, el cuidado queda encerrado en el ámbito doméstico y la discapacidad vuelve a ser un problema privado.

Colocar a la familia como único sostén tiene consecuencias profundas. No solo genera sobrecarga, sino que limita la posibilidad de vida social de las personas con discapacidad. Lo que se proclama como cuidado puede transformarse en un obstáculo para el encuentro con otros.

Pensar la discapacidad como un asunto del Estado implica asumir que las personas con discapacidad no son ciudadanos de segunda. También implica reconocer que las familias no están en falta. Garantizar que una persona pueda terminar la escuela, acceder al transporte, encontrar un trabajo o participar socialmente no es imaginar un privilegio. Es garantizar ciudadanía.

Esa ciudadanía no se construye solo con discursos. Se construye con políticas públicas, instituciones inclusivas y una sociedad dispuesta a revisar sus propias barreras. La pregunta que queda abierta es profundamente política: qué tipo de sociedad queremos construir y qué lugar le ofrecemos a la diversidad que nos constituye.

(*) El Prof. Lic. Jorge Prado (M.N. 55.592) es psicólogo, especialista en clínica con niños y adolescentes. Docente de Salud Pública y Salud Mental II en la Facultad de Psicología (UBA). Integrante en equipo técnico de dispositivo escolar territorial Nivel secundario.