El Senado convirtió en ley el nuevo régimen de discapacidad con apoyo unánime. Juri y Suarez lo respaldaron, pero desde Mendoza ya advierten que la norma necesita fondos que todavía no están en el Presupuesto.
El Senado de la Nación aprobó por unanimidad el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que reemplaza la emergencia vigente hasta fin de año y le da un marco definitivo a las prestaciones, pensiones y coberturas del sector. La norma contaba con media sanción de Diputados y llegó al recinto con el respaldo de todas las fuerzas políticas.
La sanción cierra un conflicto de tres años entre el gobierno de Javier Milei y las organizaciones que representan a personas con discapacidad, que reclamaban garantizar la continuidad de los recursos. Mientras se debatía, familiares y entidades del sector se manifestaron en las puertas del Congreso.
El texto preserva los beneficios centrales de la Ley 27.793 y busca dar previsibilidad tanto a los beneficiarios como a los prestadores de servicios.
Qué dicen los senadores mendocinos
De los tres representantes de Mendoza en la Cámara Alta, los radicales Mariana Juri y Rodolfo Suarez votaron a favor. La peronista Anabel Fernández Sagasti no participó: sigue de licencia por maternidad.
Juri fue la única mendocina que tomó la palabra durante el debate. Aliada de La Libertad Avanza, sostuvo que la sanción cierra un largo proceso de conflicto para el colectivo y advirtió que el deterioro de las partidas presupuestarias no arrancó con esta gestión, sino que viene de años anteriores.
La exministra de Turismo destacó la actualización de las prestaciones, el reconocimiento de las deudas acumuladas y el cronograma de pagos para los prestadores. Según planteó, esas medidas pueden llevar alivio a las familias y dar previsibilidad a quienes brindan los servicios.
Pero puso el foco en un punto que consideró decisivo para que la ley no quede en una declaración de buenas intenciones: que el Presupuesto 2027 contemple los fondos necesarios para cumplirla. Recordó que la pauta de gastos e ingresos se envió antes de la sanción y pidió que los recursos se incorporen durante el tratamiento en Diputados.
Qué cambia con la nueva ley
La norma toma como base los beneficios de la emergencia nacional en discapacidad, que vence el 31 de diciembre de 2026, y les da continuidad a través de un régimen permanente. Estos son los puntos centrales:
Pensiones no contributivas: se mantiene el beneficio equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio para quienes cumplan los requisitos.
Compatibilidad con el trabajo: se podrá cobrar la pensión y a la vez tener un empleo registrado o estar inscripto en el monotributo, siempre que los ingresos individuales no alcancen los dos salarios mínimos, vitales y móviles ($797.600 a noviembre de 2026). Si se supera ese límite, la prestación podrá suspenderse y luego solicitarse su rehabilitación.
Certificado Único de Discapacidad: el CUD se conserva como herramienta central para acreditar la condición y acceder a los beneficios.
Actualización de prestaciones: se establece un mecanismo automático y periódico de actualización de aranceles, vinculado al índice de movilidad jubilatoria, que toma como referencia la evolución de los precios.
Cobertura de salud: se garantiza la atención médica básica a través del programa Incluir Salud (o el que lo reemplace en el futuro) para los titulares de las pensiones contempladas.
Auditorías y controles: se incorporan revisiones periódicas y cruces de información entre ANSES, ARCA, SINTyS y Renaper. El procedimiento deberá contemplar notificaciones y la posibilidad de presentar descargos antes de una eventual suspensión.
Financiamiento: la asignación presupuestaria del área de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio anterior.
Deudas con prestadores: se incorpora un cronograma para regularizar las compensaciones pendientes y se fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.
El cruce por la ludopatía que quedó para después
Antes de la votación de Discapacidad, el Senado vivió un tenso intercambio por el proyecto que busca prevenir la ludopatía y regular las apuestas en línea. El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, pidió tratarlo sobre tablas, sin dictamen previo de comisión, pero la propuesta no reunió los dos tercios necesarios: fue rechazada por 40 votos en contra y 28 a favor.
La titular de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, consideró que el texto debía discutirse primero en comisiones y propuso un plenario para la semana siguiente. Finalmente, a partir de una moción del radical Eduardo Vischi, se acordó tratarlo el jueves 26 de noviembre, con o sin dictamen. Esa preferencia se aprobó por unanimidad.
En la primera votación, Juri y Suarez rechazaron el tratamiento sobre tablas. Sin embargo, ambos acompañaron la moción para que el proyecto llegue al recinto en la próxima sesión, donde tendrá una nueva oportunidad antes de perder estado parlamentario.
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